Por María Laura Rojas, María Inés Rivadeneira y Natalie Untertell *

Salvar la Amazonia es una tarea inaplazable. Es salvar la selva tropical y la cuenca fluvial más grande del mundo. Esta almacena entre 367 y 733 gigatoneladas (Gt) de CO2 en su vegetación y suelo que equivalen a, por lo menos, 29 veces las emisiones anuales de CO2 de China (12,47 Gt en 2021), principal emisor mundial. Además, alberga el 10% de la biodiversidad global y en ella habitan 47 millones de personas, 2 millones de ellas indígenas, cuya supervivencia depende de este bioma.

Lamentablemente, en los últimos años, las políticas implementadas en Brasil y otros países amazónicos han debilitado los esfuerzos de entidades de regulación y control ambiental, favoreciendo la deforestación, ampliando la frontera agrícola y fomentando actividades extractivas. La situación es crítica para el ecosistema y las comunidades locales e indígenas de los países Amazónicos: Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Perú.

El Panel Científico para la Amazonia ha advertido que la Amazonia puede llegar a un punto de no retorno si se pierde más del 20% de sus bosques y biodiversidad. Sin embargo, tan solo en 2022, la Amazonía brasileña perdió 1,4 millones de hectáreas de bosque primario, casi 3.000 campos de fútbol al día, alcanzando los niveles de deforestación más altos en 15 años. Para el caso del bioma entero, en 2020 la deforestación representó el 17% de toda la región pan amazónica y actualmente alrededor del 17% del bosque se encuentra parcialmente perdido.

Lo que ocurre en la Amazonia influye de manera determinante en la estabilidad ecológica de la región y el mundo. Por ejemplo, el vapor de agua generado por el bosque alimenta las lluvias que riegan la agricultura de toda Sudamérica a través de los “ríos voladores”. Asimismo, un deterioro que alcance el punto de no retorno implicaría afectaciones a escala planetaria que minarían los esfuerzos globales para controlar las emisiones y limitar los impactos del cambio climático.

Es en este contexto de urgencia y necesidad de cooperación regional que los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, han impulsado un plan de conservación de la Amazonia.

La Cumbre Presidencial Amazónica, que ocurrirá el 8 y 9 de agosto en Belém Do Pará, Brasil, representa una oportunidad para tomar decisiones urgentes para mantener una Amazonia ecológicamente saludable, capaz de proveer servicios ecosistémicos fundamentales para los pueblos locales, los países de la región y el mundo; esto en un marco de equidad social y desarrollo económico inclusivo que habilite la transición energética justa y la diversificación de las matrices productivas exportadoras.

La Cumbre es la coyuntura perfecta para que los líderes de países desarrollados que participarán se comprometan con acciones y recursos para asegurar el desarrollo sostenible de la región y apoyen el transitar hacia un modelo económico que permita a los países Amazónicos superar la dependencia de los combustibles fósiles y las demás actividades económicas que generan degradación ambiental y afectan el bienestar social.

Ya se han visibilizado las necesidades de la región y de la Amazonia en espacios internacionales en el camino hacia la Cumbre Amazónica. Particularmente, en la Cumbre entre la UE y la CELAC en julio, donde Petro propuso desbloquear recursos financieros para la conservación de la región mediante canjes de deuda. Indudablemente, esta herramienta financiera ayudaría a enfocar esfuerzos para evitar que la Amazonia se convierta en una sabana seca y degradada.

Este ecosistema necesita una alianza de alto nivel y ambición por la naturaleza y el clima, desde y para América Latina. Por esto instamos a los gobiernos amazónicos a que trabajen en conjunto sobre estas metas para el año 2030:

Transición justa hacia cero emisiones netas: avanzar en la promoción de energías renovables, eliminando gradualmente el gas, el carbón y el petróleo. Esto evitaría la devastación ambiental y protegería la rica biodiversidad Amazónica, generando oportunidades de empleo e inversión en tecnologías verdes.

Cero deforestación: las cadenas de suministro de productos básicos de exportación y para mercados internos deben alcanzar cero deforestación y conversión asociadas, impulsando la ganadería y agricultura regenerativa y eliminando la deforestación ilegal.

No más oro ilegal y uso de mercurio: eliminar la producción ilegal de oro y sus efectos adversos en materia de deforestación, contaminación de ríos con mercurio y erosión del suelo.

Conservar el 80% de la Amazonia: este porcentaje de los bosques, humedales y ríos amazónicos deben estar bajo esquemas de conservación y ser gestionados de manera inclusiva; especialmente mediante el fortalecimiento de la seguridad territorial de los pueblos indígenas como una estrategia para la conservación, garantizando la conectividad entre paisajes y cuencas críticas.

Incentivar la bioeconomía: se debe promover una bioeconomía sostenible dado su potencial para revertir el deterioro del bioma, incentivar la inversión local y fomentar programas y proyectos en la región. Esto está alineado con la Conferencia Panamazónica de Bioeconomía celebrada en junio en Belém.

La Cumbre es una gran oportunidad para que, desde el liderazgo regional, evitemos llegar al punto de no retorno, promoviendo el respeto de los derechos humanos y asegurando el bienestar de las comunidades.

*María Laura Rojas es directora Ejecutiva de Transform, María Inés Rivadeneira es líder de Políticas WWF Ecuador y América Latina y el Caribe, y Natalie Unterstell es presidenta de Talanoa

Fuente: El País