Los efectos negativos en materia ambiental del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y en Entre Ríos del RINI (Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones), fueron explicados a AIM por Jorge Oscar Daneri, miembros de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas. 

“Estamos viviendo uno de los mayores experimentos, si no el mayor, de la doctrina del shock de la escuela económica de Chicago, como claramente en su libro `Doctrina del shock´ conceptualiza, investiga y estudia Naomi Klein. Esto nos está pasando a los argentinos: de una de las mayores degradaciones de la política y la democracia en el país en los últimos años, vivida durante el macrismo y el kirchnerismo de las últimas etapas, pasamos a una mayor degradación política donde estamos entregando el país, el federalismo de concertación, nuestros bienes naturales a grandes y muy pocas corporaciones del agronegocio, del petróleo, de los combustibles fósiles, de la megaforestación para plantaciones”, analizó Daneri.

“La adhesión del poder Legislativo provincial en Entre Ríos, promulgada por Rogelio Frigerio, sería la mayor violación, la más histórica de la Constitución renovada de la provincia de Entre Ríos. Viola más de 20 artículos vinculados al capítulo de los derechos ambientales, pero también derechos humanos fundamentales, viola una treintena de artículos que esa histórica y maravillosa reforma de la Constitución provincial había logrado en un consenso excepcional; por lo tanto, es aberrante que la Unión Cívica Radical, que el Partido Justicialista, que el representante del Socialismo en la Legislatura acompañen esta adhesión, es un retroceso ideológico, institucional y constitucional de una agresividad solamente comprensible por esta enorme extorsión del Gobierno nacional”, enfatizó a esta Agencia.

Explicó que el Rigi “vulnera de manera alevosa convenciones internacionales de protección de los Derechos Humanos, la convención de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la de Protección de Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), la de Protección de la Diversidad Biológica, la de Lucha Contra la Desertificación”, y advirtió: “Miren lo que está volviendo a pasar en el Delta fruto de modelos megaextractivistas como es el caso de profundizar la hidrovía Paraná – Paraguay sin los estudios de impacto ambiental que se merece y con la participación de las áreas ambientales provinciales”.

Daneri señaló que el Rigi “al considerar la nulidad de toda normativa, en el caso ambiental, incluso constitucional, lo cual causa gracia que obstaculice estas grandes inversiones al pretender darle seguridad jurídica durante 30 años y total prioridad, desigualando a los ciudadanos y a las empresas locales, parece de ciencia ficción, un sueño oscuro que no desearíamos estar viviendo. Esto es absolutamente inconstitucional, viola las autonomías provinciales, el federalismo, la esencia de los principios democráticos, los procesos de estudios de impacto ambiental de evaluaciones independientes de los potenciales impactos ambientales de estos megaproyectos, en definitiva, viola el ejercicio de la democracia ambiental reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Daneri concluyó destacando que “la agresividad frente a la división de poderes es tan brutal con esta adhesión de Entre Ríos, que pone todos los conflictos judiciales -que van a ser cientos en todo el país- en manos de tribunales internacionales vinculados particularmente al comercio y al mercado concentrado. Es increíble, y tenemos esperanzas que los tribunales provinciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Justicia Federal ponga límite a este escenario totalitario, autoritario, acompañado grosera y gravemente por partidos de la oposición”.

Fuente: De la Redacción de AIM