El gobierno provincial pretende crear una agencia para administrar bienes del Estado que no exceptúa al amplio sistema de humedales. Expertos advierten por el sinfín de negociados en un área que hoy se encuentra protegida por la Constitución entrerriana. Temen por el impacto ambiental y el daño a una de las mayores reservas de agua dulce del país.

Una nueva amenaza atenta contra el sistema del Delta del Paraná: Un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo.

La iniciativa incide en gran parte del sistema de humedales que son Áreas Naturales Protegidas (ANP) -reconocidas por leyes específicas y sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Proyecto de Ley: https://drive.google.com/file/d/1s7YrYTp5U1XX5mpfV0ktu-997y6v_418/view

Somos entrerrianos y somos humedales

El abogado Jorge Daneri, integrante de la Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas, expresó al medio Página12 que existe una gran preocupación en la comunidad entrerriana y recordó que el Delta del Paraná cuenta con una protección especial, que fue introducida a la Constitución provincial en la reforma sancionada en 2008. “Las islas del Delta son imprescriptibles, inalienables y están excluidas del comerico”, y resaltó que, de avanzar el proyecto de ley, el Ejecutivo provincial tendrá la potestad de gravar y enajenar las tierras que conforman el humedal, una de las mayores reservas de agua dulce del país.

El Delta enfrenta además otra situación muy compleja: los sucesivos incendios intencionales de miles de hectáreas en las islas frente a Rosario, que además vuelven irrespirable a la ciudad, que en 2022 registró niveles de toxicidad hasta cinco veces superiores a los que puede tolerar el cuerpo humano, de acuerdo con un informe del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

En pos de ampliar la frontera ganadera, los productores buscan “pampeanizar” las islas del Delta para destinarlas al ganado, que ha quintuplicado su carga sobre los humedales en los últimos años, algo incompatible con la conservación del ecosistema. Por otro lado, las islas también son muy codiciadas para los negocios inmobiliarios, con la construcción de viviendas y barrios de lujo. “tenemos un escenario de crisis hídrica e incendios”, resumió Daneri.

En este marco, debemos tener en cuenta que el Estado Provincial entrerriano es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales (información conforme a la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública ambiental realizada oportunamente). Se considera entonces que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados sea cual fuera la escala, sería no solo vulnerable jurídicamente para el Estado, sino que podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas.

Desde un amplio colectivo de organizaciones socioambientales del territorio, se rechaza especialmente  lo establecido por el Artículo 16° del proyecto que exceptúa de lo dispuesto por el artículo 55° de la ley 5140, el cual dispone que “Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley”. Así, todos los bienes de la provincia bajo administración de ésta Agencia podrán ser vendidos y gravados sin que intervenga el Poder Legislativo. Además en una Agencia que carece de representación equitativa y democrática, ya que el Poder Ejecutivo es quien decide la conducción, con la facultad de nombrar y remover los principales cargos (Artículo 6° del proyecto).

Además, Daneri resaltó que el proyecto promueve el gobierno de Entre Ríos está totalmente vinculado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que fue aprobado semanas atrás, en el marco de la ley de Bases. “Es una instrumentación del RIGI”, manifestó el abogado ambientalista. “No nos asusta ni nos da temor este poder que supuestamente se quiere llevar todo puesto. Tenemos la posibilidad de defender nuestros territorios”, señaló.

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con un conjunto de más de cuarenta organizaciones de la Cuenca y del País, presentó hace más de dos años una Propuesta de Sanación del Delta Argentino, la cual se puede acceder y consultar a continuación:

Propuestas urgentes para la regeneración del Delta del Paraná y sus humedales

Se espera que a la brevedad la figura de los humedales, delta y sus islas, sean excluidos del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo. El tiempo que nos toca transitar en comunidad nos exige que seamos cuidantes y críticos en pos de defender nuestra soberania y bienes bioculturales.

Fuente: Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y Página12