Un jurado popular condenó al ex secretario de Ambiente provincial por habilitar la construcción de un barrio privado en una reserva natural en Punilla. Su decisión afectaba al monte nativo y la cuenca del río San Antonio. “Esperamos que sirva como un freno a la sistemática actuación de la Secretaría de Ambiente”, destaca la abogada de la organización ambiental que impulsó la causa.

Por Mariángeles Guerrero

El Poder Judicial de Córdoba declaró culpable de abuso de autoridad al ex secretario de Ambiente de esa provincia Raúl Costa y lo condenó a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación a cargos públicos por haber permitido la construcción de un barrio privado y de una subestación eléctrica en zonas protegidas del departamento Punilla. La denuncia que motivó el proceso judicial, que tuvo sentencia el pasado 26 de abril, fue realizada por la Asociación Amigos del Río San Antonio (Adarsa). Es el primer fallo provincial que condena a un funcionario por contradecir leyes ambientales. La decisión sobre su culpabilidad fue tomada por la Cámara 10° del Crimen de Córdoba a través del sistema de jurado popular.

“Esperamos que esta condena sirva como un freno a la sistemática actuación de la Secretaría de Ambiente de avalar emprendimientos privados y públicos en zonas de máxima conservación que cumplen funciones ambientales y que están desapareciendo”, expresó la abogada de Adarsa, Marcela Fernández y destacó que la condena haya ocurrido a través del sistema de jurado popular: “Saltar las barreras mediáticas es difícil porque la fuerte pauta publicitaria del gobierno tapa todas las realidades que padecen los territorios: defensores ambientales perseguidos, violencia institucional y vulneración de derechos”.

Costa, que fue titular de Ambiente entre 2007 y 2011, fue condenado a tres años de prisión en suspenso, por lo que no cumplirá pena efectiva, y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La decisión judicial dejaría cesante el actual cargo del ex secretario de Ambiente como síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, que depende del Estado provincial, pero podrá recurrir la sentencia.

La zona de monte nativo en la que Costa permitió las construcciones está protegida por la Ley de Bosques y por la Ley provincial 8770, sancionada en 1999, que creó la reserva natural Valle del Cóndor. Esa reserva complementa a la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, que integra la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Quebrada del Condorito. El área afectada se ubica entre la localidad de San Antonio de Arredondo, al norte, y el río Los Reartes, al sur.

En 2010, el entonces secretario de Ambiente del gobierno de Juan Schiaretti habilitó la construcción del barrio privado El Dorado II de la empresa GAMA S.A. y una subestación de electricidad de la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba para proveer el servicio al nuevo emprendimiento inmobiliario, localizado a pocos kilómetros de la ciudad turística de Carlos Paz. “Todo esto se hizo sin requerir las mínimas formalidades que prevén las leyes. Si él como funcionario entendió que había posibilidades de otorgar el uso del suelo para esas obras, no cumplió con los pasos procedimentales: no exigió el estudio de impacto ambiental ni convocó a una audiencia pública”, subrayó Fernández en diálogo con Tierra Viva.

Una denuncia ciudadana en defensa de los bienes comunes

La Asociación de Amigos del Río San Antonio es una organización ambientalista que existe desde 1998. Trabaja en el cuidado y protección de la cuenca del río y está conformada por vecinos del sur de Punilla, Villa Carlos Paz y Córdoba capital.

—¿Por qué Adarsa decidió denunciar a Costa?

—Estos emprendimientos están a la vera del río San Antonio. Su construcción afecta la calidad del agua de la cuenca, contribuye a la pérdida de bosques y a la desertificación de los suelos y corta el corredor biológico de flora y fauna de las Sierras Chicas. En 2012, ya se había empezado a construir El Dorado II. La obra de la planta eléctrica ya se había consolidado. Habíamos presentado acciones de amparo ambiental, pero no habían prosperado. Y lo que nos queda a los ciudadanos, cuando el Poder Judicial no responde a un amparo, es denunciar al funcionario para investigar la probable comisión de un delito. Fue la única herramienta que hubo para ponerle freno a esta situación. Con esta causa pretendíamos que los funcionarios que se aparten de las normas respondan a la sociedad, porque después es la que paga las consecuencias.

En la causa se constituyó como querellante el geólogo y actual vicepresidente de Adarsa, Juan Carlos Ferrero, lo que significó sortear dificultades procesales, pero también un hito. “Admitir a Ferrero como querellante fue una novedad porque la norma procesal de Córdoba es muy estricta: habla del ‘ofendido’ por el delito para poder ser parte de una causa penal. Hubo que argumentar ante la Fiscalía que el ‘ofendido’, en este caso representado por Ferrero, eran los derechos de raigambre constitucional y que lo que se estaba defendiendo eran bienes colectivos”, explica la abogada.

En el caso intervino la Fiscalía de Anticorrupción de 1° Nominación. En los inicios de la causa, el fiscal Hugo Amayusco y, posteriormente, Gustavo Dalma. La causa se inició en 2012 y cuatro años después, en 2016, se elevó a juicio. Inicialmente tenía otro imputado además de Costa. Era el también ex secretario de Ambiente, Federico Bocco, quien falleció en 2019. Bocco fue acusado por otro emprendimiento similar, cuya construcción fue frenada mediante un recurso de amparo presentado por la organización.

—¿Cómo fue el trabajo de reunir las pruebas del caso contra Raúl Costa?

—Nosotros teníamos una serie de presentaciones de notas solicitando información pública. Había pedidos de informes sobre estos emprendimientos realizados por años. Además, teníamos un recurso de amparo a favor respecto a la falta de información sobre este tema. Nunca nos dieron una copia del estudio de impacto ambiental. Y claro: ese estudio no existía. Le acreditamos al fiscal que no podíamos conseguir esa información ni siquiera con un amparo con sentencia a favor. Esa sentencia demoró siete años. Pero el fiscal tomó toda la documental que aportamos y requirió el auxilio de la fuerza pública. Tuvo que llegar el comisionado a la Secretaría de Ambiente y pedir allí las copias de los expedientes. La prueba contra Costa es muy voluminosa y comprueba todas las irregularidades. Con eso se armó la imputación.

—¿Hay otras denuncias en su contra?

—Sí. Hay una que es bastante cercana a la fecha de inicio de la nuestra y la impulsan los vecinos de Chavascate sobre el desarrollo inmobiliario de la empresa Ticupil, que afecta la cuenca de la zona de Candonga, en Sierra Chica. Esa causa está todavía en investigación. Lo ideal sería que corriera la misma suerte. Esta otra denuncia debe ser un dolor de cabeza para Costa, porque de concretarse una nueva condena ya no puede sostener la pena en suspenso. En ese caso, podría ir a prisión.

“El jurado popular logró dimensionar la gravedad de la conducta de Raúl Costa”

En Córdoba, los casos de corrupción conllevan la participación de un jurado popular cuando se llega a la instancia de la audiencia oral. “Entendemos que hubo una gravitante importancia de ese jurado popular a la hora de resolver”, considera la letrada. Al respecto, amplía: “El jurado popular logró dimensionar la gravedad de la conducta del acusado en este caso y emitió su veredicto. Esto es parte del trabajo de las asambleas y de los movimientos que, a diario, trabajan para sensibilizar a la comunidad, pese a la pauta del gobierno provincial”. Y agrega: “Saltar las barreras mediáticas es difícil porque la fuerte pauta publicitaria del gobierno tapa todas las realidades que padecen los territorios: defensores ambientales perseguidos, violencia institucional y vulneración de derechos”.

Fernández pone de manifiesto que el caso de Costa no es aislado. Y señala que este tipo de decisiones “se pagan con vidas, con daño ambiental y con perjuicio a las generaciones futuras”. En la actualidad, las asambleas de Punilla y de Paravachasca, enfrentan procesos similares para frenar los desmontes autorizadas para la concreción de las obras de la Autovía de Punilla y la Autovía-Ruta 5, respectivamente.

La abogada de Adarsa recuerda un caso cerca sobre las consecuencias de las violaciones a la legislación ambiental. La inundación de febrero de 2015 en las Sierras Chicas les costó la vida a ocho personas y puso de manifiesto el impacto letal del desmonte. Las obras mal realizadas, como el Camino del Cuadrado —construido sobre las fallas de Punilla—, cuestan millones de pesos todos los años para ser reparadas. La abogada se pregunta cuánto costarán las consecuencias de la autovía que se está construyendo ahora en la zona. “Esto se está haciendo a expensas de la reserva escasa de bosque nativo que tenemos”.

Fuente Agencia Tierra Viva