La Fundación Cauce solicitó una medida para que la Provincia se abstenga de habilitar nuevas canteras en la zona. La entidad ambiental señala que de producirse su aprobación se estaría “vulnerando de manera flagrante los principios de prevención y precaución”, atento se encuentra vigente un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordena “realizar un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo –con amplia participación ciudadana–, con el objeto de precisar los efectos que tiene sobre el ambiente la actividad de extracción de arenas silíceas”, se indicó desde la ONG.

El escrito fue presentado a partir de la noticia, publicada por ERA Verde el 11 de enero en donde se informaba sobre la realización de audiencias públicas en la escuela secundaria Anselmo Sáenz Valiente de Médanos, el departamento de Islas del Ibicuy. Tal como se dio a conocer la firma Minera Orosmayo SA planea instalar dos canteras y planta de lavado entre los kilómetros 181 y 183 de la ruta nacional Nº12, distrito Ceibas, lo cual de ser efectivo “se estaría incumpliendo un mandato judicial firme”, se apuntó desde la entidad socio ambiental.

“En efecto, se estaría desobedeciendo la orden judicial dictada por la jueza Valentina Ramírez Amable: vulnerando de manera flagrante los principios de prevención y precaución, ante la clara e imperiosa necesidad de revertir la situación extractiva sin control que continúa ocurriendo en la zona. El fallo de Ramírez Amable, confirmado en ese punto por el Superior Tribunal de Justicia, ordena realizar un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo -con amplia participación ciudadana-, con el objeto de precisar los efectos que tiene sobre el ambiente la actividad de extracción de arenas silíceas”, se recordó en el parte de prensa de Cauce”.

“Mientras ello no se cumpla, y conforme se ha resuelto en el marco de la ejecución de la sentencia del amparo ambiental, han quedado suspendidos los trámites municipales y provinciales de otorgamiento, habilitación o renovación relativos a estos emprendimientos extractivos”, se recordó al mismo tiempo que se apuntó que “llamativamente, la Secretaría de Ambiente ha decidido ignorar esto, disponiendo la tramitación de nuevos expedientes que tienen por objeto la instalación de nuevas canteras en el territorio provincial. Es decir, que nos encontramos no sólo ante la violación, desconocimiento e incumplimiento de una manda judicial sino también ante una flagrante violación del principio de prevención ambiental que buscar evitar que se produzcan mayores daños ambientales”.

Por último, desde la Fundación Cauce se abogó “por una magistratura activa y confiamos en que se dictarán las medidas tendientes que impidan a las autoridades públicas avanzar y continuar con las autorizaciones, para lograr así una adecuada y efectiva protección ambiental. Caso contrario, los daños serán irreversibles, tanto para el ambiente como para la población y los principios republicanos”.

De acuerdo a la documentación a la que accedió ERA Verde, el 11 de enero pasado se tenía previsto llevar adelante una instancia de Participación Ciudadana para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la instalación de dos nuevas canteras de arena y planta de lavado. El trámite es llevado adelante por la Minera Orosmayo SA, con el objeto de asentar dos plantas de extracción del material usado para obtener petróleo no convencional mediante fracking.

En la escuela secundaria Nº 4 de Médanos, en el departamento Islas del Ibicuy, Orosmayo SA daría conocer su informe en donde expondría su plan de negocios para explotar dos campos arrendados en los que se prevé extraer 2,8 millones de toneladas de arena silícea en 5 años, para lo cual consumirán 429.333 m3 de agua (429.333.000 litros) que obtendrán de una perforación subterránea.

De la Redacción de ERA Verde