El país produce 45.000 toneladas de residuos al día, y gran parte termina en basurales a cielo abierto que liberan gases de efecto invernadero y afectan la salud.
En la Argentina se generan 45.000 toneladas de basura cada día, según datos del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (hoy existe una Subsecretaría). Lo alarmante es que casi el 35% de esos residuos termina en basurales a cielo abierto, una situación que no sólo agrava el cambio climático, sino que también amenaza la salud de la población. Este es el mensaje que llevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según FARN, este modelo de gestión de los desechos es insostenible en parte porque el reciclaje no consigue imponerse como una práctica de peso.
El problema no se reduce a una cuestión ambiental. Las ciudades más grandes, como Buenos Aires, producen hasta 2,5 kilos de residuos por habitante al día, superando ampliamente el promedio nacional de 1,15 kilos. Esto significa que en sólo dos segundos el país genera el equivalente a una tonelada de basura. Sin un sistema integral de reciclaje ni un control efectivo, el colapso es inminente, de acuerdo a la visión que plasmó FARN en una publicación.
A esto se suman las emisiones de gas metano que producen los basurales, un gas con un poder de efecto invernadero mucho mayor que el dióxido de carbono. Según el informe nacional de emisiones de 2022, este sector es responsable de más del 17% de las emisiones de metano del país, cifras que se asemejan a las del sector energético.
La acumulación de residuos sin tratamiento adecuado no sólo contamina el aire, sino también los suelos y el agua. Los líquidos lixiviados generados por la descomposición de la basura se filtran en los suelos y llegan a napas subterráneas, poniendo en riesgo a comunidades enteras. Enfermedades respiratorias, intoxicaciones, problemas neurológicos y malformaciones congénitas son algunas de las consecuencias más graves, de acuerdo con las advertencias de FARN.
La abogada Giselle Munno Dithurbide, de la Fundación, alertó que el país carece de un sistema integral para monitorear la calidad del aire y los niveles de metano. Solo algunas ciudades de la capital del país, cuentan con mediciones esporádicas. Esta falta de datos impide diseñar políticas públicas efectivas y deja a la población expuesta a un peligro silencioso.
FARN manifestó que el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente mostraron poca coordinación frente al problema, lo que revela una fragmentación institucional preocupante. La Ley 20.284, que establece normas de calidad del aire, asigna responsabilidades que hoy no están siendo cumplidas, siempre según la Fundación.
En medio de esta crisis, los recicladores urbanos son quienes sostienen gran parte del sistema de gestión de residuos. Sin embargo, sus condiciones laborales están lejos de ser dignas. El Decreto 1/25, que permite la importación de residuos para procesos industriales, desalentó el reciclaje interno al devaluar los precios de los materiales reciclables nacionales. Esto golpeó directamente los ingresos de miles de cooperativas.
La situación se agravó con la decisión del Gobierno porteño de dejar de cubrir el traslado de los recicladores desde la provincia hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajan recolectando materiales.
Organizaciones como FARN insisten en que los recicladores deben ser reconocidos como defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, tal y como lo establece el Acuerdo de Escazú. Este reconocimiento implica garantizar sus derechos laborales y de seguridad social, algo que aún está lejos de lograrse.
Para enfrentar el problema de manera real, FARN plantea que se debe actuar desde la producción. Hoy no existe una normativa que obligue a las empresas a hacerse responsables de los residuos que generan sus productos. En el Congreso hay cuatro proyectos de ley sobre envases que incluyen la figura de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), pero ninguno avanza con firmeza.
Este cambio de enfoque permitiría que las compañías asuman el costo del reciclaje y reduzcan el uso de materiales contaminantes, especialmente plásticos de un solo uso. A nivel global, el Tratado Global sobre Plásticos podría marcar un antes y un después, aunque para eso los Estados deben comprometerse con medidas concretas.
