Piden un comité científico por el decreto de las fumigaciones
02/09/2019 | Desde el Foro Ecologista y Agmer se aguarda que el juez admita entre las pruebas para fundar el pedido de amparo la convocatoria a un equipo interdisciplinario de expertos y científicos para que evalúe las distancias y el posible daño genético que puedan producir los pesticidas.
La disputa por la constitucionalidad del último decreto del Ejecutivo entrerriano que regular la pulverización con agrotóxicos alrededor de las escuelas está en plena disputa judicial y mediática. El gobierno provincial en su defensa ha anunciado recientemente el respaldo de la Procuración, algo que se daba por descontado pero ahora se exhibe como un logro. En tanto desde el Foro Ecologista y Agmer se aguarda que el juez admita entre las pruebas para fundar el pedido de amparo la convocatoria a un equipo interdisciplinario de expertos y científicos para que evalúe las distancias y el posible daño genético que puedan producir los pesticidas.

El nuevo pedido de amparo colectivo ambiental para declarar nulo e inconstitucional el reciente decreto N� 2.239/19 del Gobierno de Entre Ríos ingresó en una etapa candente. Con esta medida publicada el 5 de agosto el Ejecutivo entrerriano estableció límites para aplicar glifosato en inmediaciones de los establecimientos educativos en un radio no menor a 100 metros en caso de realizarlo de forma terrestres y en 500 metros de hacerlo de forma aérea. Estas restricciones son mucho menores a las fijadas judicialmente  �y que fueran ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia�, donde las distancias son de 1.000 y 3.000 metros respectivamente.

La entidad ambiental y el gremio de maestros insisten en la nulidad e inconstitucionalidad del mencionado decreto luego que cayera el anterior dado a conocer a principios de año: El Nº 4.407/18, que fue declarado nulo el 15 de mayo pasado y dejado sin efecto por un fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En su núcleo duro ambas reglamentaciones mantienen similares distancias prohibición en las fumigaciones alrededor de las escuelas.

Batalla mediática

Este viernes, el Gobierno provincial dio a conocer que el procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, emitió una postura favorable a la vigencia del decreto N� 2.239/19, sobre cuya legitimidad debe fallar el vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, de Paraná, Virgilio Galanti. El procurador señaló que "el acto administrativo atacado, el decreto, no es inconstitucional", así como sugirió además "que sean citados convenientemente los afectados por esta medida, es decir, productores, aplicadores y todo el universo de personas afectadas", sean citados en el proceso.

De parte de los demandantes la difusión de la postura de García no ha sido una sorpresa, y apuntaron que lo novedoso es que ahora el Gobierno publicite estas opiniones, algo que en los anteriores procesos no sucedía.

En diálogo con ERA Verde, una de las abogadas litigantes, María Fernández Benetti, comentó que estas declaraciones públicas no alteran la instancia judicial. En este sentido comentó que en este amparo ambiental rige el nuevo Código Procesal Constitucional, por lo cual con la demanda contra el decreto N� 2.239/19, el Foro y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos presentaron también la prueba del caso. Ahora, explicó, el Estado entrerriano debe contestar la demanda y ofrecer su prueba. Y en caso de ser admitido por el juez Galanti, se abrirá justamente una instancia para conocimiento de las partes de las pruebas que cada una efectúa, así como admitirá o rechazará en particular las que se expongan.

La letrada ambientalista detalló que presentaron como prueba documental el "desarrollo de algunos estudios, prueba testimonial de gente en situación de ruralidad, y presentamos la creación de un comité científico, que estaría buenísimo que pueda admitirse porque ahí se podrían escuchar a quienes están trabajando el tema del daño genético". Benetti explicó que esta comisión podría estar compuesta de médicos, biólogos y agrónomos, que podría ser tomados como amicus curiae, es decir como "amigos del tribunal" que determinen si existe posibilidad daño a la salud de estudiantes y docentes con las distancias planteadas por el decreto gubernamental, así como cuáles podría ser las medidas de prevención.

La abogada insistió: "Ofrecimos pruebas de testigos, y algo que consideramos muy importante en este nuevo procedimiento es que cite a un comité de científicos para que produzca toda la prueba científica. Nosotros queremos probar de este modo el daño genético (que producen los agroquímicos) que venimos planteando (en estos procesos). Llamamos a varios científicos y testigos, y más que nada a docentes de escuelas rurales. Ahora ellos (el Estado) tienen que contestar generando su prueba", planteó.

De la Redacción de ERA Verde


Red Escuelas Verdes
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