Horacio Beldoménico: “Es gigantesca la evidencia científica sobre el impacto de los plaguicidas”
16/12/2021 | Lejos de las acusaciones mediáticas sobre “argumentos sin ciencia” hechas por los defensores de agronegocio; el ingeniero químico, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral publicó un informe en el que compila los estudios más recientes sobre el impacto de los agrotóxicos...

Por Mariángeles Guerrero

El ingeniero químico Horacio Beldoménico, docente, investigador y director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) acaba de publicar el informe “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina. Revisión bibliográfica y propuestas superadoras”. El documento compila los estudios más recientes sobre los efectos de los plaguicidas utilizados en la agricultura argentina, sobre los ecosistemas, aguas subterráneas y superficiales, suelos, aire y en los alimentos que se producen y consumen en el país. En diálogo con Tierra Viva, Beldoménico sostuvo que “la estrategia de usar biocidas para resolver un problema agronómico está destinada al fracaso” y apuntó que el modelo agroindustrial “no resuelve los problemas vitales de la gente”.

En el estudio se incluyen estudios sobre la toxicidad y peligrosidad de herbicidas y otros plaguicidas de amplio uso en nuestro país, en base a experimentación en modelos animales y sus efectos en las personas. También se observan indagaciones científicas acerca del impacto en poblaciones que residen en cercanías de cultivos transgénicos. El investigador y docente de la UNL revisó los estudios realizados Argentina —especialmente los de la región centro, núcleo del agronegocio— y otros de elaboración reciente a nivel mundial.

Beldoménico explica que en relación a la crítica del uso de agrotóxicos “no hay dos bibliotecas”, sino una que es la de quienes realizan investigaciones y las ponen a disposición de la comunidad. “La evidencia está en la ciencia universal, la otra está encerrada en las empresas de agroquímicos”, contrapone el investigador de la UNL y resalta que se debe valorar el esfuerzo de la ciencia en la Argentina, que está “entre los primeros países que producen información científica de alto nivel, por ejemplo, en relación al glifosato” .

A pesar de la evidencia que brinda la academia, el Estado sigue regulando normas en consonancia con el agronegocio. Tal es el caso de la localidad santafesina de Rafaela, donde Beldómenico presentó su estudio ante el mismo al Concejo Municipal que días después sancionó una ordenanza que reduce la zona de resguardo ambiental ante el uso de herbicidas.

 

Un informe para decir “Basta de venenos”

 

Las investigaciones sobre la toxicidad del modelo agropecuario hegemónico y su impacto en la salud se contrasta en el informe con las deficiencias en los sistemas de control estatal y la legislación vigente en el país, resultando uno de los casos más notables el de la falta de protección de los cursos de agua y aguas subterráneas, donde el glifosato se hace omnipresenteDe los más de 430 plaguicidas autorizados en Argentina menos del 30 por ciento son controlados, advierte el informe. Muchos de ellos, han sido discontinuados en muchos países del mundo por razones toxicológicas.

En este punto, el informe confirma que la Argentina es el tercer país del mundo que más usa plaguicidas (24 mil hectáreas destinadas a cultivos dependientes del modelo agroquímico), después de Estados Unidos (71,5 mil) y Brasil (52 mil). A pesar de eso, la investigación del ingeniero químico cita las referencias más actuales sobre la clasificación de los plaguicidas para resaltar que “en nuestro país se continúa considerando solo la toxicidad aguda (DL50) como factor principal de la peligrosidad de los mismos”, desconociéndose otros efectos importantes asociadas a la exposición crónica y prolongada en el tiempo.

“Un país que maneja estos niveles de agroquímicos no puede descuidar estas referencias. Pareciera que hay que esperar los casos de cáncer o que se mueran los peces en los ríos para darse cuenta del impacto en el ambiente y en la salud de las personas â€ , reflexiona el científico.

Tras la exhaustiva revisión del material científico reciente, Beldoménico asegura que en nuestro país no hay estudios sobre el impacto a largo plazo en la salud de niños expuestos a los agrotóxicos. “Esas son las cosas que nos faltan. Si el problema no se ve, es porque no se lo mide a fondo. Esa es la intención del informe: mostrar que esto ya no se puede obviar”, sostiene el ingeniero.

“La gente necesita y pide mejorara su calidad de vida, su salud. También tiene que ver con el ambiente que vamos a dejar a las futuras generaciones, que parece algo difuso que se muestra con los años. Por eso es importante poner pautas concretas e interpretar las señales que ya tenemos para tomar medidas aquí y ahora”, reflexiona el académico de la UNL y lanza: â€œÂ¿A quién le puede gustar comer seis o siete plaguicidas todos los días? ¿A quién le puede gustar tener glifosato en sangre de por vida?”.

“Dicen que si no se usan agroquímicos no va a haber alimentos suficientes, pero sí se pueden producir si se adoptan alternativas más armoniosas con el ambiente con el mismo ímpetu e inversión con la que se desarrolla este modelo extractivo” , contesta Beldoménico a uno de los argumentos centrales del agronegocio, que se volvió a escuchar fuerte para atacar la campaña â€œBasta de Venenos” .

 

Una balanza con déficits por el impacto de los plaguicidas

 

La investigación recuerda que algunos de los principales méritos que los promotores del agronegocio atribuyen a los cultivos transgénicos son el de la supuesta disminución del uso de insecticidas, el reemplazo de herbicidas por otros de menor toxicidad, el uso de la siembra directa, con una menor erosión del suelo; menos emisiones de gas invernadero y una reducción en el uso de combustibles. También suman a los beneficios el aumento de la productividad de los cultivos permitiendo preservar hábitats naturales y usar el agua y el suelo más eficientemente.

Sin embargo, esos argumentos se derrumban al revisar estudios como el informe del Banco Mundial de 2016, que estimaba el costo anual para la sociedad argentina por la degradación del suelo en un 3,56 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y el de la deforestación en un 0,74 por ciento anual. Otro estudio, también 2016, y elaborado por la científica Mariana Bouza, valora la pérdida total de los servicios ecosistémicos debido al cambio del uso de la tierra o cambio de cobertura del suelo entre 2001 y 2009 en nuestro país en 70 mil millones dólares. 

A su vez, Beldoménico cuestiona que se haya reducido el uso de plaguicidas: “Por empezar, no se conoce a ciencia cierta en el país, desde hace varios años, la cantidad de agroquímicos que se venden y utilizan. Es una información pública que se retacea”, denuncia. Por este motivo, el cálculo se realiza con estimaciones de la información de las empresas productoras de insumos para el agronegocio y supera los 500 millones de litros en todo el territorio nacional.

El estudio pone la mirada sobre el aspecto económico para intentar analizar la falta de información pública respecto de los impactos del modelo: â€œEl Estado puede considerarse un socio muy interesado del agronegocio, con un alto porcentaje (27,4 por ciento) de la renta agropecuaria, cuestión que podría explicar, aunque no justificar, su laxitud normativa y prolongada ausencia en las cuestiones del adecuado manejo y control de los impactos negativos del modelo”, indica. Y sostiene: â€œEsta cuantiosa renta agropecuaria argentina está lejos de ser un beneficio para todos sus habitantes”, aclara Beldoménico.

“Los costos considerados para calcular estas ganancias no tienen en cuenta las externalidades y la pérdida de valor del patrimonio argentino en término de daños a la salud, al ambiente, degradación del suelo, deforestación, contribuciones a los fenómenos climáticos que han modificado el mapa de inundaciones y sequías, entre otras de índole social y de afectación de derechos humanos”, agrega la investigación apoyándose en información del Banco Mundial.

 

Glifosato en el agua, clorpirifós en comida para bebés

 

El trabajo de sistematización de Beldoménico evidencia la presencia “prácticamente ubicua” del glifosato en aguas superficiales, subterráneas y de lluvia; en sedimentos, y alimentos diversos que se consumen masivamente en nuestro país. El texto advierte también la presencia, con alta frecuencia, de otros plaguicidas de gran peligrosidad como el clorpirifós en comida para niños pequeños.

Otros activos como piretroides (cipermetrina, deltametrina), organofosforados (pirimifósmetilo, dimetoato) y herbicidas como 2,4-D, atrazina, metolaclor fueron informados en cientos de estudios sobre alimentos. La tendencia a la coocurrencia simultánea de varios plaguicidas (2 a 11 activos) en la misma muestra tanto ambientales como de alimentos, cereales, vegetales y alimentos infantiles, se verificada en muchos trabajos analizados para el informe.

“Hemos encontrado clorpirifós en alimentos para bebés, o sea que le estamos dando a bebés un neurotóxico muy potente en alimentos de base cereal”, alertó Beldoménico en el diálogo con Tierra Viva. El problema de la intoxicación de comestibles se extiende a otros productos como la miel: “Todas las mieles del país están contaminadas con algún nivel de glifosato”, sentencia el investigador.

“La miel argentina siempre tuvo un prestigio muy grande por ser limpia, por provenir de campos amplios y grandes. Hoy ese producto prístino se está poniendo en tela de juicio como mínimo por el tema del glifosato”, continúa el ingeniero químico para exigir que desde el Estado se encienda, al menos, “un semáforo amarillo” porque â€œse están mostrando evidencias claras de que hay un impacto en el ambiente, en los alimentos y esto afecta incluso a la comercialización”.  

 

Hacia el modelo agroecológico

 

“Las conclusiones generalizadas en la mayoría de los estudios científicos revisados, especialmente los argentinos, recomiendan tomar medidas que protejan el ambiente y la salud de las personas, relacionándose esto directamente con realizar importantes cambios en la agricultura y la reducción del uso de plaguicidas” , dice el informe publicado en noviembre, aunque se podría revisar el anterior informe sobre agrotóxicos de UNL, publicado en 2010, y encontrar afirmaciones similares, muestra de que aún no existe una adecuada conciencia respecto a que no existen “plaguicidas inocuos”.

A su vez, la compilación sostiene que existe una tendencia mundial crítica hacia el modelo de agricultura imperante en la actualidad, basada en el uso indiscriminado de transgénesis y de agroquímicos. En ese sentido, advierte que se están revalorizando e impulsando a nivel global las propuestas provenientes desde las ciencias agroecológicas. “Como consecuencia, en Argentina es necesario asumir estos desafíos y generar planes de reconversión de la agricultura hacia modelos agroecológicos más sustentables, liberados de la dependencia de agroquímicos” , sugiere el estudio.

También propone una revisión del sistema de registro de plaguicidas en Argentina, para ampliar el alcance de los criterios de caracterización y clasificación de activos, la regulación del sistema de evaluación y autorización de nuevos productos con la participación de expertos independientes. El estudio también alude a la importancia del mejoramiento de la información contenida en los rótulos y marbetes que acompañan las formulaciones autorizadas, promoviendo el principio de la transparencia respecto a la información intercambiada o disponible para la aprobación de agroquímicos

En ese camino, el informe recomienda que a nivel nacional se modifique “sustancialmente” su sistema de gestión de agroquímicos y propone que se modifique la legislación existente y la creación de estructuras administrativas que puedan “asegurar el equilibrio entre las tensiones de la sociedad”. Además, se recomienda continuar fortaleciendo el sistema de ciencia y técnica y la educación en materia ambiental.

 

La ciencia para quiénes, según Horacio Beldoménico

 

El investigador y docente de la UNL asegura que el objetivo principal del informe es â€œmostrar el gran avance que produjo la ciencia en la Argentina, poniéndola entre los primeros países que producen información científica de alto nivel, por ejemplo, en relación al glifosato”. Al respecto, afirma: “Esa gigantesca producción sobre el impacto de los plaguicidas, es por el esfuerzo de una gran cantidad de científicos, y no se puede estar mirando para otro lado”. Desde esa perspectiva, el investigador discute con quienes sostienen que, sobre el tema de agrotóxicos, “hay dos bibliotecas».

“En la ciencia es muy difícil hablar de dos bibliotecas, como puede pasar en la jurisprudencia, porque hay muchos métodos para mostrar la evidencia científica. Está todo escrito en trabajos y en libros que tienen una base científica”, responde y amplía: “Sobre este tema la ciencia ya se ha expresado y hay una sola verdad, que es la de aquellos que publican las cosas, que discuten con sus pares, que hacen públicos sus estudios”.

“No puede ser que basemos decisiones tan importantes como la salud y el ambiente en base a estudios desarrollados a nivel privado, pagados por las empresas, y que se mantienen bajo ‘secreto industrial’. La biblioteca que hay es la de la ciencia universal, la otra está encerrada en las oficinas de las empresas que fabrican agroquímicos”, sentencia.

A modo de ejemplo, Beldoménico señala el argumento respecto de quienes consideran que algunos plaguicidas, como el glifosato, son “controlables” o “manejables” , cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) lo ha declarado como probablemente cancerígeno. “Sin embargo, los defensores del modelo agropecuario actual dicen ‘puede ser peligroso, pero…’, porque consideran que estos estudios no tienen el peso de la evidencia”.

 

Pese a la información científica, el Estado mira para otro lado

 

El jueves 2 de diciembre el Concejo Municipal del Rafaela —zona núcleo del agro en Santa Fe— sancionó una ordenanza que reduce de 200 a 50 metros el límite para las fumigaciones en relación al perímetro urbano. Entre el metro 51 y el 200, autoriza sólo productos biológicos (no de síntesis química). A partir de los 200 metros, se habilitan las fumigaciones con agrotóxicos como el glifosato. En la previa a la sesión donde se aprobó de forma exprés esta norma, Beldoménico presentó su trabajo ante las y los legisladores de esa ciudad.

“Me pareció que estaban escuchando cosas que nunca habían escuchado”, describe el investigador de la UNL cómo se sintió al exponer durante dos horas ante las y los concejales de Rafaela. No obstante, ese mismo día el Concejo Municipal presentó el proyecto que finalmente se aprobó para ampliar las zonas de fumigación con agrotóxicos, cuestionado por no respetar el principio de no regresión de la Ley General del Ambiente y el deber de protección del ambiente que establece la Constitución Nacional.

“Las exposiciones de los concejales durante la sesión dejaron entrever el desconocimiento de datos muy concretos que están en el informe que presentamos”, cuestiona Beldoménico. En efecto, la compilación describe numerosos trabajos que analizan la deriva de las moléculas de los agroquímicos y los efectos en la salud por la cercanía de los cultivos. El estudio fundamenta con esas investigaciones la necesidad “de hacer más restrictivas las regulaciones en el caso de las interfases urbano-rurales y los establecimientos educativos, planteándose límites de amortiguamiento, que al menos respeten una distancia de mil metros sin que se apliquen plaguicidas sintéticos”.

El informe publicado por Beldoménico y expuesta ante el Concejo Municipal de Rafaela surgió por consulta de la Mesa de Trabajo sobre Fitosanitarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, creada para la demorada reforma de la ley provincial que regula el uso de agroquímicos. Dicha modificación normativa es una demanda largamente sostenida por los movimientos socioambientales santafesinos, que el Poder Legislativo provincial aún desoye.

El Estado solo tomó en cuanto la evidencia científica reunida por el investigador de la UNL —con el respaldo del experto en derecho de municipalidades y comunas Enrique Marchiaro— cuando el Poder Judicial de Santa Fe lo tomó como base para la sentencia sobre fumigaciones en la localidad de San Jorge, el primer fallo que aplicó el principio precautorio de la Ley General de Ambiente para un caso de agrotóxicos en territorio santafecino. Y no fue con esta reciente y revisada publicación si no con el primer informe publicado hace 10 años, con coordinación del investigador. “Evidencia la dificultad que tenemos como sociedad para planificar en conjunto y concretar las acciones que requiere una solución consistente del problema de los plaguicidas”, concluye Beldoménico.

Accedé al informe completo desde aquí https://agenciatierraviva.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/Informe_Plaguicidas_11_2021.pdf

 

Fuente: Agencia de Noticias Tierra Viva

Red Escuelas Verdes
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