El STJ convalidó la fumigación a 50 metros de las viviendas
06/04/2021 | El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, revocó una sentencia del juez de primera instancia de La Paz que declaró inconstitucional una reglamentación del Ministerio de la Producción que permite la pulverización con agrotóxicos a escasa distancia de los caseríos.
En un fallo dado a conocer este lunes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre R铆os, revoc贸 una sentencia del juez de primera instancia de La Paz que declar贸 inconstitucional una reglamentaci贸n del Ministerio de la Producci贸n que permite la pulverizaci贸n con agrot贸xicos a escasa distancia de los caser铆os. Fue en un caso presentado en Colonia Avigdor donde un particular afectado por la resoluci贸n oficial interpuso un amparo ambiental que finalmente fue desestimado por el alto cuerpo que tambi茅n lo disciplin贸 imponi茅ndole las costas. 

 Con los votos de Daniel Omar Carubia (en disidencia por honorarios), Susana Medina (en disidencia parcial), Claudia Monica Mizawak y Juan Ramon Smaldone, el Superior Tribunal declar贸 鈥渓a nulidad de la sentencia de primera instancia emitida por el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral N潞 1 de la ciudad de La Paz, Dr. Diego Rodr铆guez en fecha 16 de marzo de 2021鈥, en el cual el magistrado admit铆a parcialmente un amparo ambiental. En esta primera resoluci贸n, Rodr铆guez declaraba que el art铆culo 2潞 de la Resoluci贸n N潞 47 que habilita las pulverizaciones a 50 metros de las viviendas violaba los 鈥渆st谩ndares m铆nimos de protecci贸n dictados鈥 por el decreto provincial vigente. Con el N潞 2.239/19 el Ejecutivo provincial restringe la fumigaci贸n alrededor de las escuelas a 100 en caso de ser terrestre y 500 metros en las o a茅reas. 

La sentencia del juez de La Paz tambi茅n exhortaba 鈥渁l Estado Provincial para que dentro de un plazo razonable, el cual no podr谩 exceder de un a帽o, proceda a dar operatividad al art铆culo 8潞 del decreto 2239/19 GOB鈥 que establece un Sistema de Monitoreo Remoto y Trazabilidad de la aplicaci贸n de agroqu铆micos. 

 Apelada esta decisi贸n, que estaba circunscripta a Colonia Avigdor, localidad donde se origin贸 la demanda, Carubia, Medina, Mizawak y Smaldone resolvieron 鈥渞echazar la acci贸n de amparo ambienta鈥 contra la comuna de Colonia Avigdor y, subsidiariamente, contra el Gobierno de la Provincia de Entre R铆os y castig贸 al demandante particular impon铆endole 鈥渓as costas devengadas de todo el proceso al actor vencido鈥. 

Entre algunas consideraciones del fallo, se observa que Carubia castig贸 al juez Rodr铆guez porque su pronunciamiento 鈥渓uce un exagerado activismo judicial que suple la pretensi贸n y voluntad de la parte actora, resolviendo de modo puramente voluntarista aspectos no planteados por la demandante鈥. El vocal, primer en votar, tambi茅n carg贸 contra el demandante al que achac贸 que su relato que desencadena la denuncia judicial, ser v铆ctima de sucesivas fumigaciones, se presentaba como relatada 鈥渃onfusamente鈥 e 鈥渋mprecisa鈥 y tilda de 鈥渟upuesta鈥 la pulverizaci贸n a茅rea que se acusa ocurri贸 el 9 de febrero en Avigdor. 

Por su parte, Mizawak argument贸 respecto a la problem谩tica desde un plano pol铆tico institucional. Retomando una argumentaci贸n que esgrimi贸 cuando se pronunci贸 en relaci贸n a un pedido de nulidad del decreto N潞 2.239/19, que establece las distancias para las fumigaciones en escuela rurales, la vocal se帽ala que para sostener la manda judicial encuentra 鈥渧arios obst谩culos insalvables para su posible 鈥榚jecuci贸n鈥欌. En este sentido advierte que 鈥渟e advierte claramente en este caso que no se establece una 鈥榗onducta a cumplir por las accionadas鈥, ni siquiera se las identifica; sino que se dicta un mandato prohibitivo, una especie de norma que estipula una obligaci贸n de no hacer; 驴para qui茅nes? para todos aquellos propietarios y/o arrendatarios de los fundos lindantes de las escuelas? 驴para las empresas fumigadoras? y/o 驴particulares productores?鈥, se pregunta. 

Mizawak se帽ala que Rodr铆guez 鈥渘o consigna una concreta, determinada y espec铆fica conducta a cumplir por las demandadas; crea una norma general y abstracta, pero no prev茅 dos cuestiones b谩sicas y fundamentales de toda 鈥榣ey鈥, 驴cu谩l es la sanci贸n por su incumplimiento? y 驴cu谩l ser谩 la autoridad encargada de controlar su ejecuci贸n? Lo que la convierte en una obligaci贸n que s贸lo puede ser satisfecha, si el destinatario (que no form贸 parte de este proceso y que incluso puede efectivamente no conocerla) 鈥榪uiere鈥, ya que al no ser una 鈥榣ey鈥 en sentido estricto, no se p煤blica en el bolet铆n oficial ni puede presumirse conocida por todos. Ello, por s铆 s贸lo, impone que deba dejarse sin efecto鈥. 

Fuente: Era Verde 
Red Escuelas Verdes
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