Quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales
01/09/2020 | El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.

Por Melisa Molina y Agust铆n Alvarez Rey

Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federaci贸n Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanci贸n de una ley de presupuestos m铆nimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los 煤ltimos a帽os por la acci贸n de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservaci贸n de los ecosistemas humedos no dudan en se帽alar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.

Los incendios de los 煤ltimos meses en el Delta del Paran谩 volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por da帽os ambientales tienen v铆nculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga l铆mites al ecocidio. En ese marco, las c谩maras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobaci贸n de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder pol铆tico provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.

En Argentina el 谩rea de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, seg煤n las organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracci贸n de litio, la ganader铆a --que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansi贸n de la soja-- y tambi茅n se construyen countries, motivo por el cual tambi茅n existe lobby, aunque en una proporci贸n menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.

Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este a帽o se presentaron seis proyectos, de los cu谩les el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que m谩s avanz贸. Sin embargo, m谩s r谩pido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.

Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la l贸gica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la decisi贸n pol铆tica del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostr贸 optimista y afirm贸 ante P谩gina/12 que "hay un compromiso de todo el arco pol铆tico a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley", y agreg贸: "Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisi贸n pol铆tica de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo est谩 destruyendo".

En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos m谩s significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia --de la que forman parte, entre otras, la Asociaci贸n Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federaci贸n Agraria Argentina (FAA)-- lanzaron una declaraci贸n en contra del proyecto, ya que consideran 鈥減reocupantes los efectos que tendr铆a sobre el bienestar humano, as铆 como sobre el futuro desarrollo econ贸mico de la Provincia, y de una gran extensi贸n de la Argentina鈥. En el mismo escrito, estas entidades se帽alaron que los proyectos que se debaten en el Congreso 鈥減oseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podr铆an limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulaci贸n y desag眉e鈥.

Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechaz贸 la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendr谩 "implicancias negativas hacia el sistema productivo" del nordeste del pa铆s.

Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y, en menor medida, a la ganader铆a.  Jetter afirm贸: 鈥渆n nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes鈥. A su vez, el gerente de Copra consider贸 que los proyectos de ley podr铆an 鈥渞estringir actividades o poner exagerados controles鈥 sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Mart铆n Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hect谩reas.

Por su parte, Jos茅 Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores m谩s grandes de arroz del pa铆s. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consist铆a en represar el arroyo Ayu铆, destruyendo as铆 las selvas ribere帽as y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo p煤blico para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logr贸 ser frenado, el empresario continu贸 expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acu铆feras, y hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.

Seg煤n explic贸 en di谩logo con P谩gina/12 Adriana Arzolin, licenciada en qu铆mica con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundaci贸n Humedales, 鈥渆l proceso de sojizaci贸n y de la expansi贸n de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ah铆 siempre hubo cr铆a de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido". "Lo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora est谩n los animales para renovar los pastos que son su alimento鈥, asegur贸 la especialista.

Otro empresario poderoso que est谩 imputado por la justicia federal de Paran谩 por estar detr谩s de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hect谩reas en el Delta y miles m谩s en la provincia de Entre R铆os. Por otra parte, en la provincia mesopot谩mica tambi茅n fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Ra煤l 脕lvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Juli谩n Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y Jos茅 Mar铆a Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N掳4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imput贸 a seis personas acusadas de 鈥減rovocaci贸n dolosa de incendios, con peligro para los bienes鈥.

Seg煤n Arzolin 鈥渆s importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ning煤n tipo de regulaci贸n. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producci贸n. Ahora se est谩 haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables鈥. 鈥淟o que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qu茅 actividad y con qu茅 intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habr谩 algunos muy fr谩giles en los que no se podr谩 hacer nada y otros que podr谩n seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas鈥, explic贸.

Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indic贸 que 鈥渉ay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien com煤n. Las reservas naturales son de todos, no de un pu帽ado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos". Luego Arzolin agreg贸 que "por supuesto que luego habr谩 que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dar谩 una soluci贸n absoluta, pero ser谩 una herramienta m谩s que es sumamente necesaria".

Fuente: Pagina/12

Red Escuelas Verdes
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