La Justicia consideró inconstitucional e ilegal el decreto de las fumigaciones
27/09/2019 | Explica el magistrado en su pronunciamiento que los informes científicos aportados a la causa "dan cuenta de los riesgos de salud del colectivo involucrado de mantenerse esta norma", en referencia al segundo decreto de Bordet.
El vocal de Cámara Virgilio Galanti resolvió ayer admitir parcialmente la demanda del Foro Ecologista de Paraná y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos contra gobierno provincia y, por lo tanto, decretar la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 con el cual la administración de Gustavo Bordet volvió a reglamentar las distancias mínimas permitidas para fumigar con agrotóxicos en proximidades de las escuelas rurales, además de establecer otras regulaciones, que ya habían sido objeto de un fallo judicial anterior, también contrario a otro decreto del gobernador.

En un minucioso fallo, de 73 carillas, el magistrado analizó la posturas de las partes y consideró, como corolario del análisis probatorio que "no se encuentra satisfecho el requisito establecido" en el fallo dictado anteriormente para aceptar disminuir las distancias de fumigación que allí se establecían "pues no se demuestra que el Decreto 2239/19 obtenga idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste al mismo, y por ende confronta con aquél (fallo)".

Explica el magistrado en su pronunciamiento que los informes científicos aportados a la causa "dan cuenta de los riesgos de salud del colectivo involucrado de mantenerse esta norma", en referencia al segundo decreto de Bordet.

En cuanto a las diferentes consideraciones de los informes esgrimidos por las partes, entiende el magistrado que se impone el "principio precautorio de obligado acatamiento por toda norma que ejecuta políticas ambientales ". La decisión judicial deber ser "...precautoria pues el estado del arte del conocimiento no permite sino conocer como posible la existencia del riesgo, su magnitud o la manera de mesurarlo", señala citando jurisprudencia en la materia.

A su vez, el juez indica que la "sustantiva disminución" de las distancias de fumigado que decidió el nuevo decreto ha decidido "lo han sido sin la previa realización de los estudios exhortados en el punto 2 de la sentencia aludida", la anterior del juez Oscar Benedetto, quien había limitado las fumigaciones terrestres a mil metros de las escuelas, y a 3.000 metros las aéreas.

"A ello se agrega que se ha llevado la fumigación terrestre muy cerca del colegio dado que arranca la zona denominada de exclusión a escasos 100 metros desde el centro del casco de cada escuela y por detrás la barrera de árboles a 150 metros que ha dispuesto el fallo primigenio. En tal sentido -y conforme lo desarrollado hasta aquí- no me queda otra alternativa, que tal como sucediera en el caso de mi colega de Sala, que decidir la nulidad parcial del decreto atacado en tanto transgrede la cosa juzgada y con ello los derechos humanos fundamentales que derivan del fallo primigenio", explicó el magistrado Galanti.

Los directores

Finalmente, en cuanto a la queja formulada por la parte actora respecto al rol que el Decreto asigna a las Directoras de las escuelas (en el Anexo 1), en relación a la conformación de las unidades centinelas, el juez estimó: "...más allá del loable esfuerzo por defender a este personal docente, no es esta la vía de discusión de ese asunto. Es que este es un amparo ambiental de interés colectivo. Ni siquiera es un proceso colectivo de intereses individuales homogéneos, que tiene otro ritual y otra forma de sustanciación, completó.

Tanto Agmer como el Foro Eclogista habían cuestionado que la normativa impone a los Directoras y Directores de los establecimientos educativos rurales, en cuanto dispone la constitución en cada establecimiento educativo rural de una Unidad Centinela con potestades de vigilancia, que velará por el cumplimiento de los recaudos reglamentarios a título de veedor fitosanitario, encargada de vigilar el cumplimiento de la Guía de Uso Responsable de Agroquímicos expedido por el Ministerio de Salud de la Nación y de las "Buenas Prácticas Fitosanitarias".

Sostuvo la parte actora que estos trabajadores "resultan víctimas afectadas por el simple hecho de ser seres humanos expuestos en su salud a estos venenos, en su calidad de trabajadores los Directivos de estas escuelas resultan revictimizadas por la disposición nula en cuestión que los recarga de una labor ajena a su profesión y razón del vínculo laboral".

Que esta tarea nada tiene que ver con la que eligieron siguiendo su vocación, en la que se les exige y también es un derecho estatutario, acreditar su profesión y capacitarse en forma permanente, con la de constituirse en controlador y vigilador del cumplimiento de disposiciones que le son absolutamente ajenas, que además requieren si se quisiera desarrollar con seriedad, alta profesionalización y experticia.

La cosa juzgada

El Foro Ecologista y Agmer reclamaron la nulidad y/o inconstitucionalidad del decreto 2239/19 en tanto se aparta de la cosa juzgada proveniente del fallo del juez Benedetto, que fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos "pues conforme al mismo falta la completitividad de un informe exigido en la sentencia que asegure con la disminución de los metros, que la misma resultará inocua para los niños/niñas y adolescentes como así personal docente y no docente que labora en las escuelas rurales de la provincia". Por su parte el Estado reivindicó su derecho a reglamentar la Ley de Plaguicidas Nº 6599 y el Decreto 279/03.

En los considerandos del fallo, el jues sostuvo que el Estado Provincial busca darle a su actividad reglamentaria "una novedosidad que lo aleje de los anteriores procesos judiciales. Sin embargo una correcta hermenéutica nos muestra que el sendero por el que podía transitar la misma se hallaba inescindiblemente ligada a los dos fallos anteriores. Obligatorios para aquél y para este Tribunal".

Los cambios

El controversial del decreto del Ejecutivo redujo "sustancialmente" las distancias de fumigación consignadas en el fallo del juez Benedetto. Respecto a las fumigaciones terrestres las mismas se disminuyen de los 1.000 metros fijados en aquél pronunciamiento a 100 metros.; y en las aéreas de los 3.000 a 500 metros.

"Respecto al cambio de distancias, no se trata de un cambio menor, en tanto se baja drásticamente la zona de exclusión de 1000 mts. a 100 mts. en las terrestres y de 3000 mts. a 500 mts. en las aéreas. Ello mas allá de la supuesta mitigación del cambio en orden a la toxicidad de los productos. Aunque en algún caso es sólo disminución, lo que sucede con la franja posterior a los 600 metros en fumigaciones terrestres que admite todos los productos donde el fallo primigenio lo hacía desde los 1000 mts", indicó un párrafo del fallo.

Y también señaló: "...se puede observar que más allá del extenso expediente acompañado por el Estado provincial (con llamativa cantidad de repeticiones de los mismos documentos una y otra vez) no surge que se haya dado con ello cumplimiento al artículo 2 del fallo "Foro Ecologista 1", en tanto allí se exhortaba al demandado a que �realice en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso de estos productos, poniendo acento en la prevención de los daños’.

"Tampoco se trata de un informe o dictamen científico. Ni menos ha efectuado una evaluación de impacto ambiental previa (punto 2 del fallo). Pero además habla expresamente de llevar el riesgo a valores cercanos a la nulidad, lo cual nos hace suponer que desde el inicio mismo del proyecto este supone riesgo. Y sería bueno que se precise cuál riesgo, puesto que hablamos de la salud de niños, mujeres (muchas veces embarazadas) y demás personal de escuelas".

Igualmente el fallo cuestiona la decisión de medir las distancias desde el centro de las escuelas, lo que determina que en algunos casos, la fumigación podría realizarse antes de la barrera vegetal que el fallo anterior mandó instalar en las escuelar rurales. Y agrega sobre la distancia de fumigación: "� en la terrestre desde los 600 metros en adelante es simplemente una disminución lisa y llana, dado que se permiten todos los agrotóxicos que en el fallo base inician su uso a los 1.000 metros. Allí solo es achicamiento de distancia, permitiendo el uso de los ’extremadamente peligrosos’, �altamente peligrosos, y �moderadamente peligrosos’, sin que se haya arrimado nada novedoso que lo justifique en relación a la salud".

Este es el fallo del magistrado:

Autos: Nº 9850 "FORO ECOLOGISTA DE PARANA Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO-

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PARANA, 26 de septiembre de 2019.-

VISTOS:

Estos autos caratulados "FORO ECOLOGISTA DE PARANA Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 9850, que tramitan ante esta Sala III de la Cámara Segunda de apelaciones en lo Civil y Comercial, con integración unipersonal en virtud de lo dispuesto por Acuerdo General del STJER Nº 38/14 del 19/11/14 de los que,

RESULTA:

I. LA DEMANDA:

Que a fs. 331/364vta. se presentan Lucía Ibarra Bouzada en el carácter de Presidenta del Foro Ecologista de Paraná quien lo hace con el patrocinio de las Dras. Maria Aldana Sasia y María Marta Fernández Benetti; y como así la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, representada por su apoderado legal Dr. Hector Luis Fischbach.

Y en modo conjunto interponen acción de amparo ambiental contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

La acción -según señalan- se vincula con las sentencias recaídas en "Foro Ecologista de Paraná y Otro c/ Provincia de Entre Ríos y otro s/ Acción de Amparo" Expte. Nº 10.711 (a la que denomina causa madre) de fecha 1 de octubre de 2018, ratificada por el STJ de Entre Ríos el 29/10/2018, y en autos "Foro Ecologista de Paraná y Otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de Amparo" Expte. Nº 9624, ratificada por el STJ de Entre Ríos el 14/05/2019.

Solicitan la nulidad absoluta en el menor plazo posible del Decreto Provincial N� 2239/19 GOB del 01/08/19, que tiene como antecedente el Expediente Nº 2294731, por entender que el mismo se aparta ampliamente de la cosa juzgada plasmada en la sentencia de la causa madre antes citada, contrariando notablemente la manda judicial, habilitando fumigaciones con agrotóxicos a distancias notoriamente menores a las distancias previamente establecidas por sentencia judicial del STJ en base a la prevención y protección del daño a la salud de niños y niñas que acuden a escuelas rurales, sin poseer el sustento técnico ni científico.

Fundan la petición -en modo resumido- en el vicio manifiesto del Decreto Nº 2239/19 GOB por carecer el mismo de la completividad del informe ambiental exigido por la Sentencia del día 29/10/2018.

Transcriben partes de la sentencia que demostrarían su postura, así por ejemplo cuando aquella señaló "�la prohibición deviene indudablemente necesaria y en las distancias pretendidas por las amparistas. Ello así porque en el caso se debe adoptar un criterio de precaución, al menos hasta tanto se acredite que la protección de los afectados puede lograrse con distancias menores".

Sostienen asimismo que de los fundamentos del Decreto hoy cuestionado no surge que aquel se sustente en ningún estudio de las características del exigido en el fallo de la Cámara Civil y Comercial N� 2, como ya ha acontecido con el anulado Decreto Prov. Nº 4407/2018, resultando éste último inconstitucional por violar la cosa juzgada, por no ajustarse, al igual que el actual, al estándar normativo que allí se exigía, transgrediéndose de dicha forma los arts. 1, 5, 65, 186 y 203, Constitución de Entre Ríos; los arts. 1 y 18 e inc. 22, art. 75, Constitución Nacional, y el inc. c, art. 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También reiteran las presentaciones judiciales que han interpuesto con anterioridad, requiriendo en ellas todas las medidas "urgentes" para la protección de los individuos (niños, niñas, adolescentes, maestras/os y personal no docente) que concurren a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud, solicitando también en dichas presentaciones se determine la fijación de una franja de 1000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos, así como una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos; se prohíba la fumigación aérea en un radio no menor a los 3000 mts, tal como lo ordena el decreto Reglamentario de la Ley de Plaguicidas, para el radio de plantas urbanas; se ordene el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes y personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales, para los cual se solicita se establezcan los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno; a través de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos se ordene el inmediato análisis sobre agua de lluvia y agua utilizada para el consumo de los alumnos que comprenda un estudio físico químico y asimismo se analice la presencia de los siguientes tipo de agrotóxicos: órganos clorados, órganos fosforados, carbonatos y piretroides. Ya que casi la totalidad de las escuelas rurales, no poseen servicio de red de agua potable por lo que el agua que se consume en dichos establecimientos escolares es extraída directamente de las napas subterráneas cuya toma de agua se encuentra expuesta a la contaminación con agroquímicos, lo que importa una situación más de riesgo de daño irreparable a la salud de los niños.

Asimismo manifiestan que la acción primigenia de amparo tuvo recepción favorable en primera instancia, donde se admite parcialmente esta acción prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos; todo ello, hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes y se exhorta al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse. En la misma sentencia se condena al Estado Provincial y al CGE a que en el plazo de dos (2) años contados desde aquella sentencia procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos y se ordena suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones.

Señalan que dicha sentencia fue confirmada por la Sala de Procedimientos Constitucionales del STJ, y claramente en lo referido al punto 1� y 2�, puntos nodales en este planteo de nulidad y que cumplen un rol de resguardo trascendental e inédito a nivel país, el que tuvo repercusión favorable en todos los estamentos nacionales.

Indican también que en fecha 26 de febrero de 2019 promueven nueva acción de Amparo Ambiental contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a fin de que se declare la nulidad y revoque el Decreto 4407/18, publicado en el B.O. el día 2 de enero de 2019 y por el cual el Poder Ejecutivo establecía distancias para efectuar fumigaciones con agrotóxicos en torno a las escuelas rurales de toda la provincia, que modificaban las distancias jurisprudencialmente previstas reduciendo notablemente las que previamente fueron establecidas en fallo dictado en fecha 01/10/2018 por la Cámara Civil y Comercial, Sala II, y confirmada luego por fallo de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia, en fecha 29/10/2018, en tanto violaba lo establecido de modo preventivo por orden judicial.

Señalan que en fecha 28/03/2019 la Cám. 2da. CC Sala III, Paraná, Entre Ríos decretó la nulidad de los art. 1 y 2, Decreto 4407/18 de Entre Ríos, que establecían distancias de 100 y 500 mts. para las aplicaciones terrestres y aéreas, respectivamente, de fitosanitarios en lugares donde existían escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo. Estas distancias resultaban menores a las fijadas en la sentencia dictada en los autos "Foro Ecologista de Paraná y otra" (ratificada por el STJ de Entre Ríos el 29/10/2018), sentencia que fue confirmada por la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ de Entre Ríos, en fecha 14.5.19.-

Manifiestan que deben acudir nuevamente a esta vía judicial a fin de solicitar la nulidad de una nueva normativa violatoria de la cosa juzgada, Dec. 2239/19, y que lo hacen porque consideran que es el reclamo social por la protección de la salud urgente de nuestros niños, niñas y trabajadores que satisfacen su derecho a la educación en estos establecimientos educativos ubicados en zonas rurales.

Sostienen que la única vía es la del proceso más expedito en la instancia judicial, el amparo, con el fin de solicitar una vez más la nulidad del nuevo Decreto atendiendo a la celeridad con la que operó el dictado de la sentencia originaria y que puso un límite a las fumigaciones en la cercanías de las escuelas rurales desde hace un año aproximadamente. Expresan que el Decreto obedece claramente a las exigencias de un mínimo sector del campo que dice representar a todos los sectores, pero que en realidad responden a las corporaciones del agronegocio en defensa de sus intereses económicos sin considerar los riesgos que implican para la salud, el ambiente y la biodiversidad la aplicación de agrotóxicos a metros de una escuela rural.

Indican que el Estado provincial demandado, no contó con ningún estudio objetivo y con rigor científico sobre deriva de agrotóxicos en las aplicaciones terrestres y áreas a fin de determinar medidas de máxima protección en relación a las vulnerables escuelas rurales, para confeccionar el cuestionado decreto.

Que el acto administrativo que cuestionan se encuentra viciado en su causa y motivación, violándose groseramente el principio de legalidad y resultando asimismo arbitrario. Se refieren al criterio de razonabilidad previsto en el art. 28 de la Constitución Nacional, base para la toma de decisión de los poderes públicos y el control jurisdiccional.

Se refieren al trabajo que encomienda la normativa cuestionada a los Directoras y Directores de los establecimientos educativos rurales, en cuanto dispone la constitución en cada establecimiento educativo rural de una Unidad Centinela con potestades de vigilancia, que velará por el cumplimiento de los recaudos reglamentarios a título de veedor fitosanitario, encargada de vigilar el cumplimiento de la Guía de Uso Responsable de Agroquímicos expedido por el Ministerio de Salud de la Nación y de las "Buenas Prácticas Fitosanitarias".

Expresan que se advierten palmarias y groseras violaciones a numerosas disposiciones de índole constitucional y legal. En efecto y, reiterando que estos trabajadores resultan víctimas afectadas por el simple hecho de ser seres humanos expuestos en su salud a estos venenos, en su calidad de trabajadores los Directivos de estas escuelas resultan revictimizadas por la disposición nula en cuestión que los recarga de una labor ajena a su profesión y razón del vínculo laboral.-

Que esta tarea nada tiene que ver con la que eligieron siguiendo su vocación, en la que se les exige y también es un derecho estatutario, acreditar su profesión y capacitarse en forma permanente, con la de constituirse en controlador y vigilador del cumplimiento de disposiciones que le son absolutamente ajenas, que además requieren si se quisiera desarrollar con seriedad, alta profesionalización y experticia.

También pasan minuciosa revista a los principales elementos que fundaron el dictado del decreto impugnado cuestionando los mismos. Y referencian distintos fundamentos que avalan su postura.

Solicitan también que el acto administrativo sea declarado inconstitucional por su carácter regresivo en materia de derechos humanos. Así, el principio de no regresión o de prohibición de retroceso enuncia que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad.

En conclusión, manifiestan que el Decreto no se fundamentó en estudios científicos consistentes que hagan desestimar los presentados por su parte, tampoco realizó los estudios de base fundamentales para poder contar con una línea de base de condiciones ambientales, por lo que solicitan se declare su nulidad.

Fundan en derecho, y ofrecen pruebas. citan jurisprudencia, y solicitan se haga lugar a la demanda, con costas.

También solicitó una medida cautelar mientras transitaba el presente.

II. EL RESPONDE:

A fs. 399/420vta. se presenta el Dr. Julio César Rodríguez Signes, en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, constituye domicilio legal y produce el informe del art. 8 L.P.C.

Como defensas de su parte plantea la falta de legitimación activa de las actoras, pues a su entender resulta improponible el objeto de la pretensión por su indeterminación y vaguedad, ya que se intenta obtener una sentencia que declare nulo un Decreto reglamentario dictado por autoridad competente en el uso de sus facultades sin que exista un solo perjudicado concreto, pese a las distancias establecidas para la mitigación y neutralización de los efectos de la aplicación de plaguicidas.

Que los amparistas efectúan una petición dirigida a la declaración de nulidad y/o inconstitucionalidad del Decreto provincial Nº 2239/19 debido a que según sus propias interpretaciones, dicho acto se aparta de una manda judicial con carácter de cosa juzgada, habilitando el uso de agroquímicos a distancias menores que las establecidas en las sentencias dictadas en el marco de los autos "Foro Ecologista de Paraná y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de amparo", expte. 10711 de fecha 01/10/2018, y "Foro Ecologista de Paraná y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de amparo", expte. 9624.

Por lo que no se está en presencia de denuncia por daño ecológico, ni ambiental, no hay afectación a un bien colectivo, ya que la salud no es un bien colectivo sino individual y divisible, por lo que ni el Foro ni Agmer son representantes idóneos y legitimados activos para accionar por la salud de esos individuos.

Refiere a la inadmisibilidad de la vía procesal escogida, por no haber motivo real ni serio que justifique la supuesta falta de idoneidad de las vías procesales ordinarias y por estar forzando la vía excepcional y residual del amparo.

Indica que las amparistas tenían otras vías, tal como la posibilidad de cuestionar el Decreto por la vía de la Ley Nº 7060 -recurso de revocatoria- y luego la acción judicial prevista por la ley 7061 con eventuales proteccionales a través de la solicitud de medidas cautelares. Asimismo la ley 8369 prevé una acción autónoma de inconstitucionalidad, en los términos del art. 51 y cctes., cuya virtualidad no se agota con la mera declaración de certeza, sino que se puede obtener un veredicto adicional de condena.

En su informe plantean que el único fundamento para solicitar la nulidad es que el Estado provincial no realizó ningún tipo de estudio que permita llegar al dictado del decreto que pretenden impugnar.

Sin embargo el Estado Provincial no estaba obligado a cumplir y dictar un decreto basado en las distancias que fijó la sentencia, sino que aquella habilitó con cierto recaudos la aplicación de distancias diferentes y es lo que se plasmó en el decreto, luego de la intervención de las áreas gubernamentales competentes, conforme fuera ordenado en la sentencia, desplegando el Estado su maquinaria para concretar las medidas.

Los actores no prueban de ninguna forma que se haya actuado u omitido actuar, de modo ilegitimo, careciendo el planteo de asidero jurídico, por cuanto el decreto ha sido dictado conforme a derecho y tomando los lineamientos ordenados en la sentencia del expte. Nº10711.

Repasa también los elementos que han sido tenidos en cuenta para el dictado del acto administrativo.

Interesa citación de terceros. Se opone a pruebas de la contraria y ofrece las propias. Y solicita el rechazo de la acción, con costas.

III. EL PROCESO COLECTIVO AMBIENTAL:

El presente juicio tramitó conforme las siguientes normas: arts. 43 de la Constitución Nacional, art. 30 de la Ley 25.675, art. 56 in fine de la Constitución de la Provincia y arts. 65 y cctes. de la ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8369.

Previo al dictado de esta sentencia cabe referir que con antelación se dieron los siguientes pasos:

A) Publicidad:

Atento a tramitarse el presente como un proceso colectivo se ha dado publicidad del presente disponiendo su inscripción en el registro específico creado a tal fin por el S.T.J.E.R. mediante Acuerdo General Nº23/17 del 23/08/2017.

Asimismo se ha dispuesto que a través del S.I.C. (Servicio de Información y Comunicación del S.T.J.E.R.), se dé difusión del inicio de la causa para que tomen conocimiento los interesados en intervenir. La difusión que ha tenido la acción es ampliamente conocida. A título solo de ejemplo se han agregado por Secretaría algunas de estas publicaciones.

También -con el mismo objeto- se ordenó colocar banner en páginas web de ambas partes quienes han cumplido con tal cometido según consta a fs. 429 y fs. 435/436.

B) Postulaciones de terceros:

Se han presentado como terceros la Cooperativa La Ganadera Gral. Ramirez, Agropecuaria, de Consumo y Provisión de Servicios Públicos Limitada y Productores de la Filial Crespo de Federación Agraria Argentina, y suscintamente han sostenido:

1. La Federación Agraria sostiene que en la Provincia de Entre Ríos existe una gran cantidad de empresas agropecuarias pequeñas y medianas que utilizan tecnología recomendada por los organismos oficiales como el INTA, las Universidades y por las organizaciones de productores, con insumos están aprobados por el SENASA. Entienden que no se debería prohibir el uso de una tecnología que en condiciones adecuadas no presenta riesgos o afectación para la salud de las personas y del ambiente según lo comprueban los organismos de ciencia y tecnología, sino más bien obligar a las Secretarías de Producción y de Ambiente que cumplan con su misión de fiscalización, controlando y sancionando el uso de esta tecnología fuera de lo que se conoce como "Buenas Prácticas Agrícolas". Afirman que en caso de comprobarse fehacientemente la necesidad de transformar el sistema de producción los productores necesitarían plazos adecuados para hacerlo posible.

2. Coop. Ganadera Gral. Ramírez Agropecuaria de Consumo y Provisión de Servicios Públicos Ltda.:Adhieren a la contestación efectuada por el Estado Provincial. Menciona que tiene por objeto social la venta de cereales y demás productos de origen vegetal y/o animal de sus asociados en el mercado interno y externo, brindando servicios a la producción con análisis de suelos, aplicación de fertilizantes, asesoramiento técnico en agricultura, control integrado de plagas, pulverizaciones terrestres y aéreas, entre otros. Que en caso de declararse nulo el mismo ello ocasionará un grave perjuicio a sus asociados. Pone de manifiesto que son los hijos e hijas de los productores asociados a la misma los que asisten a las escuelas rurales y consumen agua en los establecimientos educativos y en sus hogares y que son sus padres quienes realizan las fumigaciones. Y que el cambio de la actividad agropecuaria -pasar de la agricultura a la ganadería por ejemplo-, requiere tiempo, formación y capital.

Cabe mencionar que en los tres procesos colectivos vinculados la concurrencia fue muy disímil. Así en la causa madre del Dr. Benedetto no existieron presentaciones. En cambio en la causa sentenciada por mi Colega de Sala Dr. Marfil las presentaciones fueron muy numerosas. Y aquí como se refirió fueron dos.

La intervención que corresponde a la Cooperativa es en el carácter de tercero voluntario no en la especie adherente simple. La Federación se presenta informalmente y como interesados en la resolución del asunto. Pues bien, los argumentos de los terceros -que se vinculen al meollo del presente, esto es la adhesión a los postulados del demandado y por ende, el pedido de rechazo de la demanda o de mantención del decreto cuestionado, serán abordados conjuntamente con el tratamiento que de esas cuestiones se haga al referirnos a las defensas del Estado Provincial y la suerte de las mismas. No así las cuestiones económicas o sociales propias de cada uno pues exceden el objeto del presente caso que versa sobre un bien colectivo y no individual.

C) Improcedencia de pretendida intervención coactiva de terceros:

El Estado propició la intervención coactiva del Senasa y la de los diferentes propietarios de inmuebles rurales lindantes a escuelas rurales.

La misma ha sido rechazada básicamente pues no son demandados ni citados por la actora. Se ha citado a la Corte Suprema en autos S. 759. XLVII. Originario "Schroder, Juan y otros v. Buenos Aires, Provincia de y otros s/daño ambiental", resolución del 1/8/2013, que ofrece pautas directamente aplicables a ello.

Además no es necesaria en un proceso colectivo la citación coactiva. Aquí tienen la posibilidad de ocurrir espontáneamente y ello en cualquier tiempo aún luego de dictar esta sentencia (art. 87 CPC y C). Y tampoco reunía el pedido los recaudos pertinentes ej. los nombres de los citados, ni a quien debería darse por decaído el derecho dejado de usar en el plazo pertinente, etc.

Asimismo, el pedido no guarda coherencia con lo actuado en la causa primigenia donde no se citó a tales terceros, siendo que verdaderamente allí se decidió la suerte de la cuestión. Esta es verificación de la cosa juzgada de aquella.

A su vez el juez debe instrumentar por sí en forma prioritaria lo necesario para acelerar los términos procesales e impedir la duración prolongada de estos juicios, evitando las presentaciones que busquen retrasar su avance (conf. Ghersi, Carlos A. - Lovece, Graciela - Weingarten, Celia, 2da. edición, pág 320, año 2012, www.astreavirtual.com.ar).

IV. APERTURA A PRUEBA:

Este proceso se inició el día 16 de agosto de 2019 y hoy, 26 de setiembre de 2019, se dicta sentencia. No sin antes haber garantizado productivamente el derecho de defensa de las partes y haber sustanciado importante prueba dentro de los acotados márgenes que nuestra legislación de amparo local recientemente modificada permite. Se han admitido las pruebas vinculadas al objeto, especialmente con sentido científico, y garantizando igualdad a las partes.

V. LOS MINISTERIOS PUBLICOS:

Dadas las características del proceso han tenido intervención ambos ministerios públicos. Antes y después de sustanciada la prueba.

a) Ministerio Público Fiscal:

Se lo convocó de conformidad al art. 74 de la Ley 8369; art. 207 Constitución Provincial; arts. 1 y 26 inc. a) y conc. de la Ley Nº 10.407, pues se plantea la inconstitucionalidad de la norma atacada y asimismo por encontrarse involucrado el orden público ambiental.

En síntesis este Ministerio se pronunció por el rechazo de la acción sosteniendo entre otras cuestiones (fs. 998/100vta.) que respecto al planteo de inconstitucionalidad la actora se limita a una mera enunciación no nombrando en concreto cuál o cuáles serían el o los derechos constitucionales que se vería conculcados. Asimismo refieren a la improcedencia del amparo en tanto excede totalmente el marco de conocimiento limitado, excepcional y restrictivo de la vía de la LPC y art. 65 y ss. de la ley 10704. También analiza la prueba y demás consideraciones a las que me remito brevitatis causae.

b) Ministerio Público de la Defensa:

Fue convocado por hallarse involucrado el interés de niños, niñas y adolescentes y salud de un sector de la población que puede incluir diferentes sujetos vulnerables.

En síntesis refirió (fs. 1019/1022) que la situación planteada por la actora se trata de una cuestión normativa en tanto refiere a un planteo de inconstitucionalidad. No obstante ello, emite opinión teniendo en cuenta algunos informes científicos agregados que revelan que la exposición a determinados agroquímicos impacta en la salud de los niños, por lo que entiende que el organismo estatal que corresponda debe adoptar todas las medidas y acciones necesarias a fin de prevenir el daño ambiental y que afecte la salud de los niños, niñas y adolescentes.

Los dichos de ambos serán tenidos en cuenta y tratados a lo largo del proceso.

VI. TRATAMIENTO DE LA CUESTION:

Ingresando al meollo del asunto cabe abordar primeramente algunas defensas esgrimidas por el Estado Provincial, que recibieron en parte la adhesión del Ministerio Público Fiscal.

Luego seguiremos con los postulados de la actora, la prueba producida, la jurisprudencia y doctrina aplicable y la decisión final.

1. Falta de legitimación activa de las actoras:

En su responde el demandado aduce la falta de legitimación activa de las actoras, en tanto intentan obtener una sentencia que declare nulo un Decreto reglamentario dictado por autoridad competente en el uso de sus facultades sin que exista un sólo perjudicado concreto.

Respecto de ello cabe señalar que en este tipo de acciones la exigencia de daño no es pertinente, lo que no significa que no haya, pero que no es el punto en tratamiento. Al respecto enseña el Dr. Hitters "que tratándose de una acción de amparo ambiental tendiente a obtener el cese de una actividad (fumigación terrestre con agroquímicos en cercanías de un ejido urbano), respecto de la cual existe -en función de la prueba producida- una duda razonable acerca de su peligrosidad para la población, la petición ha de ser decidida favorablemente por aplicación del principio precautorio establecido en el art. 4 de la ley 25675, por lo que no puede analizarse o resolverse el presente amparo ambiental -como lo hizo el a quo- exigiendo a los accionantes la carga de acreditar la existencia de un daño concreto. Resulta inadmisible que el a quo exija la acreditación de un daño concreto para la viabilidad de la acción intentada, cuando debió ponderar -en función de la particular fisonomía de la pretensión actuada- si en el caso la fumigación a escasa distancia de la vivienda de los actores representa una situación de peligro inminente o daño potencial para la salud de aquellos y si dicha conducta es -también potencialmente- lesiva al medio ambiente" ("D. J. E. F. s/ Acción de amparo. Actor M. M. C. y otro"; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 8-ago-2012, cita: MJ-JU-M-74238-AR, MJJ74238).

Me permito agregar que los arts. 1710 y 1711 del nuevo Código Civil y Comercial contemplan la función preventiva del daño sin requerimiento de que el mismo se hubiera concretado. Basta con el peligro de su realización o de su agravamiento.

2. Falta de legitimación (continuación):

El demandado también cuestiona la legitimación de los actores pues -según expresa- no se está aquí en presencia de un daño ecológico, ni ambiental. No hay afectación a un bien colectivo, ya que la salud no es un bien colectivo sino individual y divisible, por lo que ninguno de los actores son representantes idóneos y legitimados activos para accionar por la salud de esos individuos.

Sobre ello cabe aclarar que este mismo asunto ya fue planteado en la causa que mi colega de Sala -Dr. Marfil- debió resolver. Y allí -en conceptos aquí aplicables- se explicó que esta defensa no podía prosperar pues la peculiaridad del proceso colectivo es que la regla de la legitimación y más precisamente en lo que refiere al cumplimiento o ejecución de la misma se caracteriza por la mitigación del vínculo subjetivo; lo que se da por dos motivos; por la legitimación concurrente disyunta o por el transporte in utilibus (Bastos Fabricio, Curso de Processo Colectivo, pag.416, Editora Foco, Andaiatuba -Sao Paulo-, 2018), esto es que cualquier persona beneficiaria de la sentencia puede hacerla cumplir o respetar. Y que el proceso en el que se originó la sentencia cuyo cumplimiento se exige, fue de incidencia colectiva, estando en aquella causa ya determinada la legitimación de ambos colectivos demandantes, de lo cual se infiere que estos pueden exigir aquí su cumplimiento. El fallo fue ratificado por el S.T.J.E.R. y estaré al criterio allí sentado.

A ello cabe agregar -como he señalado- que no debe confundirse la circunstancia de que la salud sea especialmente resguardada en el presente con que ello sea una acción de protección de la salud individual de un grupo.

Aquí lo que se protege es el ambiente -que es un bien colectivo- en tanto el mismo rodea y condiciona o afecta la vida del hombre.

Nuestro ordenamiento jurídico regula el derecho a un ambiente sano desde una perspectiva antropocéntrica: es sano, equilibrado y apto para que el ser humano se desarrolle. El fin último de la protección del ambiente es, entonces, el bienestar de las personas (lo que claramente, incluye a la población infantil); en contraposición con algunos otros países en donde la naturaleza se protege en función de su valor intrínseco otorgándole, inclusive, el carácter de sujeto de derecho (conf. Barrillis, Natalia - Fernández, Cristian, "Niñez y ambiente: el derecho al futuro", publicado en DFyP 2019 (julio), 15/07/2019, 149, cita on line: AR/DOC/857/2019).

Asimismo ha sido destacado por la doctrina el amplio concepto de ambiente referido por nuestro máximo Tribunal (S.T.J.E.R.) en los autos "Moro, Carlos E. y Otros c/Municipalidad de Paraná- Acción de Amparo" 23/06/95, cuando en palabras del Dr. Carubia dijo el "...equilibrio ambiental, cuya preservación le es garantizada a los vecinos en la norma del art. 41 de la Constitución Nacional que adopta un concepto abarcativo de "ambiente" que, en los fundamentos de la convencional Roulet "... incluye el de todos los ámbitos construídos que alojan todas las actividades del hombre: las de trabajar cumpliendo condiciones de bienestar, de higiene, de seguridad y de adaptación a sus funciones, así como las actividades de habitar.... de la misma manera que están incluídos los bienes antropológicos, arqueológicos, urbanísticos y arquitectónicos" (cfme: Diario de Sesiones, Conv. Nac. Const., págs. 1796 y 1738), en tanto que el ambiente "sano" implica aquel que permite el pleno bienestar físico, mental y social y, finalmente, el ambiente "equilibrado" -incorporación original del nuevo texto constitucional- es una fórmula que traduce una "simbiosis entre ambientes y actividades humanas que haga posible el desarrollo y crecimiento de la persona sin distribuir el entorno ... la palabra equilibrado es la manera de explicitar la ecuanimidad, razonabilidad y proporcionalidad como puntos de referencia común en el lenguaje jurídico, en los términos de la relación hombre- ambiente". Este fallo ha sido resaltado positivamente en doctrina por GARCÍA, María del Carmen en su artículo "La participación pública en temas ambientales" en "Revista de Derecho Público", Derecho Ambiental, T.I. págs. 413 y sigs, año 2009, Ed. Rubinzal- Culzoni Editores.

También se dijo que el derecho al ambiente halla ingreso en el ordenamiento jurídico como un derecho de la personalidad, atento inclusive que otros de ellos hoy indiscutidos (como la integridad física y la salud) se sustentan en el equilibrio ecológico propicio e indispensable para el bienestar psico-físico del hombre; máxime en virtud que la categoría de los derechos personalísimos no configura un elenco cerrado y debe recibir en su seno nuevos intereses surgentes de las transformaciones sociales ("D. J. E. F. s/ Acción de amparo. Actor M. M. C. y otro"; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 8-ago-2012, cita: MJ-JU-M-74238-AR, MJJ74238).

3. Inadmisibilidad de la vía:

Sostiene también el Estado Provincial que la acción es inadmisible por no haber motivo real ni serio que justifique la supuesta falta de idoneidad de las vías procesales ordinarias y por estar forzando la vía excepcional y residual del amparo.

Explica que el amparista tenía la posibilidad cierta de cuestionar el Decreto por la vía de la ley Nº7060 -recurso de revocatoria- y luego la acción judicial prevista por la ley 7061 con eventuales acciones proteccionales a través de la solicitud de medidas cautelares.

Asimismo refiere que la ley 8369 prevé una acción autónoma de inconstitucionalidad, en los términos del art. 51 y cctes., cuya virtualidad no se agota con la mera declaración de certeza, sino que se puede obtener un veredicto adicional de condena.

Pues bien este asunto también fue motivo de resolución en la causa sentenciada por el Dr. Marfil ratificado por el S.T.J.E.R., que -en voto de la mayoría- dejó asentada la aptitud de la vía. Y por ende estimo pertinente aplicar aquí la misma.En ese caso el Dr. Carubia en su voto señala que "..como he sostenido reiteradamente en otros casos similares (cftr.: por todos: "De Iriondo c/Mun. de Concordia", 23/1/11), si se verifican los presupuestos viabilizantes de las acciones de amparo, de ejecución o de prohibición (cfme.: arts. 55, 56, 57, 58 y 59, Const. de E. Ríos, y 1º, 2º, 3º, 25º, 26º, 27º, 29º y ccdts., Ley Nº 8369) es posible promover estos especiales remedios constitucionales de excepción a fin de lograr una urgente y tempestiva restauración de la lesión del derecho o garantía fundamental que constituya el objeto de la denuncia, sin que ello se verifique condicionado al agotamiento previo de otras vías, lo cual se traduciría como un contrasentido desnaturalizante de la peculiar sumariedad y celeridad de este proceso, resultando oportuno recordar que la aludida remisión a los procedimientos administrativos que expresamente formula el art. 3º, inc. a, de la Ley Nº 8369, ha quedado por completo desactualizada y carente de toda eficacia en virtud de las explícitas normas posteriores consagradas en el art. 43 de la Constitución Nacional y en el similar art. 56 de la Constitución de Entre Ríos que sólo excluyen la vía de la acción de amparo frente a la existencia de otro medio judicial más idóneo para dar solución al caso concreto, no siendo éste, precisamente, el supuesto de los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimientos para Trámites Administrativos (Dec.-ley Nº 7060/83, ratif. por Ley Nº 7504); debiendo tenerse especialmente en cuenta que en la especie se trata de una acción de amparo ambiental cuya peculiaridad, además, exige una significativa flexibilización de los recaudos meramente formales a fin de lograr una rápida solución respecto de la delicada cuestión propuesta que involucra, nada menos, los derechos a un ambiente sano, a la salud y a la vida, no advirtiéndose la existencia de un procedimiento judicial más idóneo que el especial de la acción de amparo para ello".

4. El objeto de este pleito - la cosa juzgada elemento insoslayable:

Recordemos que -en síntesis-, los actores reclaman la nulidad y/o inconstitucionalidad del decreto 2239/19 en tanto se aparta de la cosa juzgada proveniente del fallo del Dr. Benedetto ratificado por S.T.J.E.R., pues conforme al mismo falta la completitividad de un informe exigido en la sentencia que asegure con la disminución de los metros, que la misma resultará inocua para los niños/niñas y adolescentes como así personal docente y no docente que labora en las escuelas rurales de la provincia. A partir de ese centro neurálgico cuestiona el Decreto con distintos argumentos.

Por su parte el Estado reivindica su derecho a reglamentar la Ley de Plaguicidas Nº 6599 y el Decreto 279/03. Mas aún señala en su responde que no estaba obligado a cumplir y dictar un decreto basado en las distancias que fijó la sentencia, sino que habilitó con ciertos recaudos la aplicación de distancias diferentes y es lo que se plasmó en el decreto luego de la intervención de las áreas gubernamentales competentes conforme fuera ordenado en la sentencia. Y que los informes utilizados por el Dr. Benedetto no tienen más validez que los que ha usado el Estado en su carácter de autoridad en la materia.

El Estado Provincial busca darle a su actividad reglamentaria una novedosidad que lo aleje de los anteriores procesos judiciales. Sin embargo una correcta hermenéutica nos muestra que el sendero por el que podía transitar la misma se hallaba inescindiblemente ligada a los dos fallos anteriores. Obligatorios para aquél y para este Tribunal.

El primero de los pronunciamientos fue el dictado por el Dr. Benedetto y ratificado por el Excmo. S.T.J.E.R. en la causa "Foro Ecologista de Paraná y Otra c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otro s/ Acción de Amparo" (Nº 23.709), que también podemos denominar causa madre, base o primigenia, o "Foro 1", como ha venido nombrándosela en los anteriores precedentes.

Este precedente es sin dudas el condicionante esencial del entuerto. Fue dictado en un proceso ambiental colectivo. A mayor abundamiento, se halla bajo el paraguas de orden público del art. 33 segundo párrafo de la Ley General del Ambiente en cuanto expresa: "La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias".

Además por supuesto de la tutela que dimana del artículo 18 de la Constitución Nacional y art. 25, pt.2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conc..

Para ello (y otras cuestiones) existe el registro de estas acciones creado por el S.T.J.E.R.. Así se dice que "La creación del Registro en cuestión está destinado a dar publicidad a los procesos colectivos que se arraigan en el art. 43 de la CN, a fin de asegurar eficazmente los efectos expansivos que se produce en esta clase de procesos la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos de todas las personas que no han tomado participación en el proceso" (Torres, Sergio Gabriel y Gonzalez Cuidet, "Herramientas de derecho ambiental" en "Derecho Ambiental", Ed. Hammurabi, año 2019, pág. 303).

Sabido es que la cosa Juzgada "Es una garantía constitucional que surge de la interpretación del art. 18 de la Ley Fundamental, con el objeto de dotar de seguridad jurídica a las relaciones sociales resultantes de una controversia resuelta judicialmente" (Badeni, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo II, pág. 817, Editorial La Ley, año 2004).

"La cosa juzgada puede definirse como la eficacia normativa de la decisión jurisdiccional. La cosa juzgada acaba y convierte en inútil cualquier discusión sobre la justicia o la injusticia de lo decidido. La cosa juzgada vincula a las partes y a todo juez futuro, y en virtud de la sentencia, lo que fue decidido se convierte en Derecho" (Allorio, Enrico, La cosa juzgada frente a terceros, pág. 12, ed. marcial Pons., año 2014)

No hay modo de minimizarla, achicarla ni desconocerla.

A mayor abundamiento el fallo primigenio cubrió un gran vacío, pues como dijo el Dr. Giorgio en la causa madre "hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños -y docentes- que asisten a los establecimientos educativos rurales no lo están".

Y así fijó prohibiciones y medidas que hoy constituyen la cosa juzgada de aquél pronunciamiento a ser considerada aquí. Y "quien en primer lugar debe velar por el cumplimiento de sus resoluciones es el propio Poder Judicial por ser el único que posee el poder jurisdiccional en sus tres facetas, tradicionalmente llamadas, "mera notio", "jurisdictio" e "imperium"; siendo este último el poder para hacer que se preste obediencia y cumplimiento a sus fallos y resoluciones (arts. 1; 17; 18; 23; 29; 75 incs. 7, 8 y 22; 108 y 109 de la Constitución Nacional, y arts. 1; 5, 6, 7, 8, 37,65, 186, 203 de la Constitución de Entre Ríos). Ha dicho la Corte Federal que la autoridad de la cosa juzgada, una vez consentido el fallo, obliga incluso a quienes lo dictaron (Fallos, 313:1409), consecuentemente no se puede evitar considerar el alcance de la sentencia primigenia ya que, desconocer la misma aunque sea dictada por otro Tribunal sería violentar la cosa juzgada sentencia del Dr. Marfil, en "Foro 2").

El fallo de la causa primigenia, ratificado por la Sala de Procedimientos Constitucionales del STJER hoy se encuentra firme. El argumento al que alude el demandado respecto a que no estaría firme y consentido pues se declaró abstracto no resulta a mi entender acertado, pues lo que se declaró abstracto fue solo su recurso extraordinario (y por un acto propio de la demandada esto es dictado decreto 4407/18).

A su vez, también tienen repercusión directa con el presente, la sentencia dictada en el segundo proceso caratulados "Foro Ecologista de Paraná (2), y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo" (Nº24024), confirmado también por la Sala de Procedimientos Constitucionales del S.T.J.E.R. donde se ratificó la cosa juzgada de la anterior. Y si bien al Estado se le ha concedido un recurso extraordinario, la concesión del recurso fue con efecto devolutivo por lo que al momento del dictado del Decreto y de esta sentencia tiene vigencia plena.

No hay dudas que no es el Poder Judicial el llamado a gobernar, sino que lo es el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades. Siempre que éstas sean constitucional y legalmente ejercitadas. Y en este caso ello es sinónimo de conformidad con el veredicto firme, y con el plexo de constitucionalidad y convencionalidad que amparan los derechos humanos involucrados en el asunto.

"En el caso anterior...se ha fijado una medida judicial delimitando un campo de actuación de los particulares, dejando en manos de la autoridad administrativa la regulación concreta y definitiva de esa actuación, pero siempre respetando el estándar de protección a la salud de los alumnos y docentes de las escuelas rurales. Así que la administración provincial tiene un amplio margen de acción, pero la regulación no puede pasar la valla predeterminada de la afectación a ese "derecho humano fundamental" como denomina el nuevo artículo 19 de la Carta Magna provincial a la salud" (Dr. Marfil en el segundo proceso).

Y por ello cuando el Estado dictó el Decreto 4407/18 ya intentó hacer uso de esta alternativa de disminución de distancias. Sin embargo su intento no prosperó. No por la disminución de las distancias en sí, sino por la falta del otro requisito de la cosa juzgada, que es la garantización del mismo nivel de salud del grupo poblacional involucrado cuando se pretenda disminuirlas.

Ahora nuevamente el Estado provincial abandona el intento del Decreto nº 4407/18. Lo deroga y lo sustituye por el Decreto nº 2239/19 con el que sostiene reglamentar la Ley Nº 6599 y el Dec. 279/03.

Cabe recordar aquí lo dicho por el Dr. Giorgio ante idéntica situación en el caso "Foro Ecologista 2" cuando señaló "...el control de legalidad que debe hacerse sobre Decreto Nº 4407/18 no se agota en verificar el respeto por la ley en la cual se encuentra inmerso (en el caso, la Ley de plaguicidas N.º 6.599), ya que las particulares circunstancias de la causa exigen a su vez un doble control que va mas allá del control de legalidad por su literalidad o su espíritu, pues el bloque de legalidad con que debe analizarse el Decreto está integrado también por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en los autos "Foro Ecologista de Paraná y Otra c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otro s/ Acción de Amparo" N.º 23709....Existe entonces un doble test de juridicidad al que debe someterse el Decreto cuestionado, sin que le asista razón a la apelante al expresar que el fallo anterior no tiene efectos jurídicos sobre éste" (Voto del Dr. Giorgio in re "Foro Ecologista de Paraná (2), y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de amparo", Nº24024, de fecha 14/05/2019.

Así las cosas, nos enfrentamos nuevamente a realizar similar análisis que el sucedido en "Foro Ecologista 2". No a controlar su mérito sino su ajuste a la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, la Carta Magna Local y normativa de orden público ambiental (L.G.A.), de modo que no implique violación de los derechos humanos involucrados.

"La seguridad jurídica exige respeto a la cosa juzgada... Esto significa que está prohibido al legislador actuar de manera que debilite o elimine lo que se juzga en el Estado Constitucional. La cosa juzgada es una regla de conducta -no es un principio- de modo que no puede descartarse en absoluto mediante un juicio de proporcionalidad. La cosa juzgada en una cualidad que involucra el contenido declaratorio de la decisión final...Su fiel observancia depende del cumplimiento del efecto declaratorio derivado del contenido de la toma de decisiones -que puede agotarse en el pasado o proyectarse hacia el futuro. El legislador tiene el deber de respetar la cosa juzgada..La cosa juzgada, por lo tanto, es una regla que hace posible el discurso jurídico como discurso práctico. No es simplemente una regla del discurso -es una regla sobre el discurso-." (SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDERO, Daniel, "Curso de Direito Constitucional", págs. 853/854, Saraiva Jur., año 2018. Traducido del portugués).

Por último -y como bien lo señaló el Dr. Marfil en su sentencia- no corresponde respecto a ella la ponderación. Ello por cuanto estamos frente a un principio, sino a la cosa juzgada que es una regla y por ende aplica la subsunción. "Las reglas son normas que requieren algo definitivamente. Son mandatos. Su forma de aplicación es la subsunción. Si una regla es válida, y si se cumplen sus condiciones de aplicación es requerido de modo definitivo que exactamente lo que esta demanda sea hecho. Si esto es realizado, la regla se cumple; si no, la regla no se cumple" (Conf. Alexy, Robert, "Argumentación, Derechos Humanos y Justicia", pág. 27, Colección Filosofía del Derecho, Serie Diálogos, Eds. Astrea, AAFD, DPI Cuántico, año 2017).

5. Los cambios que el decreto 2239/19 propone en cuanto a distancias de fumigación:

En modo de síntesis, lo controversial del Decreto es que el Ejecutivo ha reducido sustancialmente las distancias de fumigación consignadas en el fallo del Dr. Benedetto.

Respecto a las fumigaciones terrestres las mismas se disminuyen de los 1.000 mts. fijados en aquél pronunciamiento a 100 mts.; y en las aéreas de los 3.000 mts. a 500 mts

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Entre las aproximadamente 340 especies de colibríes del mundo, algunas destacan por la belleza de su plumaje. Entre ellas tiene un lugar destacado el colibrí insigne (Panterpe insignis), un endemismo de las montañas de Costa Rica y Panamá. Via: alvarocubero.com; Autor: allpe
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